El problema trasciende a Balogun y la FIFA, lo tiene Occidente con Trump

Si el llamado "caso Balogun" termina convirtiéndose en un ejemplo de cómo las normas pueden doblarse cuando así conviene al poder político, el verdadero problema no estará en la FIFA. La organización futbolística habría hecho, simplemente, lo que cada vez hacen más instituciones de Occidente: adaptarse a la voluntad de Donald Trump para evitar el enfrentamiento. La OTAN, su secretario general en particular, es quizá el ejemplo más claro. 

Porque la cuestión trasciende el fútbol. Lo verdaderamente preocupante no es si un jugador obtiene una excepción reglamentaria, un trato de favor o un indulto. Lo inquietante es comprobar cómo, una tras otra, instituciones que durante décadas presumieron de independencia, de seguridad jurídica y de respeto a las reglas terminan enviando el mismo mensaje: cuando Trump llama a la puerta, las normas dejan de ser inamovibles.

Durante años, Occidente ha construido su legitimidad sobre un principio elemental: nadie está por encima de las reglas. Esa ha sido la gran diferencia entre las democracias liberales y los regímenes donde el poder político decide discrecionalmente quién merece un privilegio y quién no. Sin embargo, cada cesión a la presión del poder erosiona ese principio hasta convertirlo en una simple declaración de intenciones.

La FIFA, precisamente, siempre ha defendido con enorme contundencia su autonomía frente a los gobiernos. Ha sancionado federaciones nacionales por injerencias políticas, ha suspendido países enteros y ha proclamado una y otra vez que el fútbol debe permanecer al margen de las decisiones de los Estados. Si esa autonomía resulta ahora permeable a la presión de la mayor potencia mundial, la conclusión resulta demoledora: la independencia institucional depende, en realidad, de quién ejerza la presión.

Pero sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre la FIFA. El problema no nace en Zúrich. La FIFA no es sino un reflejo de una tendencia mucho más amplia.

Lo hemos visto en empresas multinacionales que modifican sus políticas para no enfrentarse a Trump; en universidades que recalibran su discurso; en medios de comunicación que miden cuidadosamente cada palabra; en despachos de abogados, grandes corporaciones e incluso gobiernos aliados que parecen actuar con la preocupación permanente de no provocar una reacción del presidente estadounidense. El fenómeno ya no consiste únicamente en obedecer órdenes directas. Consiste también en anticiparse a sus deseos.

Es una forma especialmente eficaz de poder. No hace falta imponer cada decisión cuando basta con que las instituciones interioricen cuál es la voluntad del líder y actúen en consecuencia.

Ese es el verdadero deterioro democrático. No la vulneración puntual de una norma, sino la normalización de que las reglas sean flexibles para unos y rígidas para otros.

Trump ha convertido la presión política en un instrumento cotidiano. Ha demostrado que la confrontación permanente puede ser rentable y que muchas organizaciones prefieren una cesión discreta antes que un conflicto abierto. 

Por eso el debate trasciende al personaje. No se trata únicamente de Trump. Se trata de la fragilidad de unas instituciones occidentales que parecen haber perdido la confianza en sí mismas. Instituciones que proclaman la igualdad ante las normas mientras aplican excepciones cuando el coste político de aplicarlas resulta demasiado elevado.

El problema lo tiene, pues, Occidente consigo mismo. Y con su creciente incapacidad para decirle "no" a Donald Trump cuando las reglas exigen precisamente eso: que nadie, por poderoso que sea, pueda situarse por encima de ellas.