El caso Balogun no es una excepción en el universo del deporte

El debate generado por el llamado caso Balogun ha vuelto a poner el foco sobre la FIFA. Como ocurre a menudo, la indignación pública busca un responsable inmediato y lo encuentra en la organización que tomó —o permitió— una decisión controvertida.

Sin embargo, reducir el problema a un único expediente sería un error. Lo verdaderamente preocupante es que el deporte internacional y el nacional llevan años conviviendo con resoluciones difíciles de explicar, adoptadas no solo por la FIFA, sino también por la UEFA, por las otras confederaciones, por las federaciones nacionales e incluso por los tribunales deportivos y los ordinarios.

El deporte moderno se ha convertido en una compleja red de reglamentos, excepciones, recursos y órganos de apelación. Sobre el papel, esa arquitectura debería garantizar la máxima seguridad jurídica. En la práctica, demasiadas veces produce el efecto contrario: aficionados, clubes y jugadores asisten a decisiones que cambian de un caso a otro, sanciones que parecen desproporcionadas o indulgentes según las circunstancias y argumentos jurídicos que solo entienden quienes participaron en el procedimiento.

Basta recordar la frecuencia con la que la UEFA ha tenido que justificar criterios disciplinarios que generan controversia. No se trata de afirmar que sus resoluciones sean arbitrarias, sino de reconocer una realidad evidente: la percepción pública de coherencia no siempre acompaña a las decisiones oficiales. Cuando dos situaciones aparentemente similares reciben tratamientos distintos, la confianza en el sistema se resiente, aunque exista una explicación técnica en los expedientes.

Recientemente, la UEFA suspendió a Prestianni, del Benfica, por tapase la boca antes de abrirle expediente. En más de una ocasión, una decisión de la UEFA ha provocado la sensación de que el reglamento admite interpretaciones muy distintas según el contexto. Casos como la sanción al Manchester City, la gestión del Fair Play Financiero, o incluso la crisis organizativa de la final de la Champions de 2022, han alimentado una percepción incómoda: la de que las normas no siempre se aplican con la misma claridad, coherencia y firmeza.

Lo mismo ocurre en el ámbito nacional. Las federaciones de numerosos países resuelven cada temporada conflictos sobre licencias, alineaciones indebidas, calendarios, sanciones o inscripciones de jugadores. Muchas de esas decisiones terminan recurridas porque las partes consideran que la interpretación del reglamento ha sido discutible. Y cuando el asunto llega a los tribunales, la sensación de desconcierto a menudo aumenta: medidas cautelares que alteran competiciones en marcha, sentencias que llegan cuando el torneo ya ha terminado o fallos contradictorios entre distintas instancias.

A nivel español, cabe citar el caso Dani Olmo y Pau Víctor (2025). Tras la negativa inicial de la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga a tramitar las licencias de ambos jugadores por considerar aplicables los artículos del Reglamento General que impedían una nueva inscripción durante la misma temporada, el Consejo Superior de Deportes concedió una medida cautelar que permitió mantener las licencias mientras resolvía el recurso. La decisión provocó una intensa polémica porque muchos juristas y dirigentes deportivos entendieron que alteraba la aplicación ordinaria de las normas, mientras que el CSD se 'agarró' exclusivamente a que existían indicios de posibles defectos competenciales en la decisión recurrida, cuando era evidente que habían decidido la RFEF y LaLiga.

El problema, por tanto, no es únicamente una decisión concreta sobre un futbolista. El problema es una crisis de comprensibilidad. Las instituciones deportivas producen resoluciones cada vez más extensas y sofisticadas, pero con demasiada frecuencia olvidan la pregunta esencial: ¿puede un ciudadano razonable entender por qué se ha decidido así?

La legitimidad de una norma no depende solo de su corrección técnica. También depende de que se aplique con coherencia, de que las excepciones estén claramente justificadas y de que las instituciones expliquen sus criterios con transparencia. Cuando eso falla, cualquier nuevo caso —sea el de Balogun o el de cualquier otro jugador— se interpreta inmediatamente como un posible privilegio, una concesión política o un trato desigual.

Conviene evitar las simplificaciones. No todas las decisiones controvertidas son injustas, ni toda discrepancia prueba favoritismo. Los órganos deportivos y los tribunales deben resolver asuntos complejos bajo una enorme presión y con reglamentos a menudo imperfectos. Pero precisamente por eso necesitan un esfuerzo adicional de claridad y consistencia.

El caso Balogun ha servido como detonante de una discusión más amplia y necesaria. La pregunta no debería ser únicamente si la FIFA actuó correctamente en esta ocasión, sino por qué tantas decisiones del ecosistema futbolístico —desde Zúrich hasta las federaciones nacionales y los tribunales— terminan dejando la misma sensación de perplejidad.

Porque cuando las resoluciones son legales pero resultan difíciles de explicar, el problema ya no pertenece a un solo organismo. El problema afecta a la credibilidad de todo el sistema deportivo.