La jueza cita como investigados a 5 directivos del Huesca por la compra del 66% del club

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca ha admitido a trámite la querella presentada por el expresidente de la SD Huesca Manuel Torres contra cinco directivos actuales del club por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal al hacerse con el control accionarial, y les cita a declarar el próximo 21 de julio.

Según fuentes judiciales confirmadas por EFE, la magistrada ha abierto diligencias previas al apreciar que los hechos relatados en la querella podrían ser constitutivos de delito y ha acordado la toma de declaración a varios testigos, además de el 3 de julio al propio querellante, y el requerimiento de abundante documentación a la Fundación Alcoraz, la Sociedad Deportiva Huesca, el Registro Mercantil de Huesca y el Registro de Fundaciones de Aragón.

Los investigados son el presidente de Piensos Costa y presidente del Patronato de la Fundación Alcoraz, Jorge Costa; el patrono de la Fundación y vicepresidente y consejero delegado de la SD Huesca, Ricardo Mur; el patrono de la Fundación Alcoraz y miembro del Consejo de Administración de la SD Huesca, Alfonso García Vicente; el presidente de la Fundación Alcoraz en el momento de cometerse los hechos, Manuel Ollé, y el abogado Antonio García Lapuente, todos ellos firmantes o participantes, según la querella, en la operación societaria que culminó con el cambio de control del club.

En la resolución, del 5 de junio, la jueza ordena requerir a la Fundación Alcoraz que aporte, entre otra documentación, sus libros de actas, las ofertas recibidas para la adquisición de la SD Huesca, los contratos de préstamo, pignoración y opción de compra suscritos en agosto de 2024 y la escrita mediante la que transmitió sus acciones, mientras que al club le reclama la tasación del estadio de El Alcoraz, los libros de actas del Consejo de Administración y de la Junta General.

La querella, a la que ha tenido acceso EFE, sostiene que los investigados diseñaron una operación para apropiarse del principal activo de la Fundación Alcoraz, el 66,2 % del capital de la SD Huesca, mediante un acuerdo firmado el 12 de agosto de 2024 que, bajo la apariencia de una financiación para garantizar la viabilidad económica del club, permitió posteriormente “la adquisición de las acciones iniciales de la Fundación en la SD Huesca por 1 euro”.

Según atribuye el escrito, la Fundación rechazó previamente ofertas de compra por importes superiores de 10,8 y 13,5 millones de euros realizadas por otros grupos inversores, mientras que terminó aceptando una operación financiera mediante la cual los ahora querellados concedieron préstamos por valor de 6,1 millones de euros destinados a una ampliación de capital de club, obteniendo a cambio una “opción de compra” sobre las acciones totales de la Fundación.

En declaraciones a EFE, el representante legal de Manuel Torres, Juan Pablo Lerena, explica que esta actuación permitió a los nuevos propietarios hacerse con el 95,75 % del capital de la SD Huesca y con el control de los órganos, tanto de la sociedad deportiva como de la Fundación Alcoraz, “por lo que los accionistas minoritarios han perdido la capacidad de pedir juntas, pedir información y de participar en la gestión”.

Lerena considera que esta operación ocasionó “un grave perjuicio” a la Fundación Alcoraz y califica de “irrisorio” el precio fijado para la transmisión de las acciones al ser “incompatible” con el valor real de la sociedad.

Este extremo lo fundamenta con las ofertas económicas recibidas durante el proceso de búsqueda de inversores y en el protocolo firmado posteriormente entre el Gobierno de Aragón y la SD Huesca para la adquisición del estadio de El Alcoraz por más de 24 millones de euros.

Asimismo, sostiene que existían alternativas para dotar de financiación al club en un momento “delicado” económicamente y atribuye a los investigados haber diseñado un mecanismo que les permitió asumir el control de la entidad en perjuicio de la Fundación y los accionistas minoritarios.

Lerena explica a EFE que Torres decidió acudir a la vía penal tras poner previamente los hechos en conocimiento del Protectorado de Fundaciones de Aragón y al entender que la operación financiera seguía adelante.

Por su parte, fuentes de la SD Huesca consultadas por EFE enmarcan la querella dentro del conflicto judicial que mantiene el club con Manuel Torres, al que reclaman más de un millón de euros en otro procedimiento, y sostienen que la operación societaria se ajustó a la legalidad.

Consideran como “una respuesta más” del expresidente que “ya ha sido desacreditado en varios organismos” y expresan la confianza de que el procedimiento confirme las correctas actuaciones durante el proceso de compra del club ya que, según dicen, cuentan con el respaldo de la documentación correspondiente.