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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Real Madrid Club de Fútbol contra la resolución que ordenó ejecutar la sentencia de paralización cautelar de las obras de los dos aparcamientos subterráneos previstos en el Paseo de la Castellana y la calle Padre Damián, así como del túnel proyectado para conectarlos en el entorno del estadio Santiago Bernabéu.
La decisión, adelantada por El Confidencial, pone fin a la vía judicial emprendida por el club y cierra definitivamente la posibilidad de sacar a licitación el proyecto, que había recibido el respaldo del Ayuntamiento de Madrid en 2021.
La actuación contemplaba la construcción de dos estacionamientos subterráneos, situados a ambos lados del estadio, con una capacidad conjunta superior a las 1.800 plazas, además de un túnel de conexión destinado a facilitar la circulación entre ambas infraestructuras.
El origen del litigio se encuentra en el recurso interpuesto por la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, que cuestionó tanto los nuevos aparcamientos como el túnel asociado.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dio la razón a los vecinos al considerar que el proyecto carecía de un verdadero interés público y respondía, esencialmente, a los intereses del club.
Tras esa resolución, el Real Madrid acudió al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación que ahora ha sido rechazado, con la consiguiente imposición de las costas procesales.
La resolución implica, además, que las obras iniciadas en 2023 y suspendidas un año después deberán ser restituidas o adaptadas conforme a lo que determine la ejecución judicial. La paralización se produjo después de que los tribunales respaldaran las objeciones planteadas por la asociación vecinal.
El presidente de la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, Enrique Azagra, ha valorado en El País positivamente el desenlace judicial, aunque lamenta el coste económico que ha supuesto para las arcas públicas. Según explica, ya se habían destinado alrededor de 20 millones de euros a unas infraestructuras que finalmente han sido declaradas ilegales y que no llegarán a prestar servicio. A su juicio, la responsabilidad recae en la actuación del Ayuntamiento, cuyo coste terminarán asumiendo los ciudadanos.
Azagra sostiene que el problema no deriva de las decisiones de los tribunales, sino de la actuación de las instituciones públicas y del marco legal aplicable, que obliga a soportar las consecuencias económicas de actuaciones administrativas declaradas contrarias a Derecho.
Tanto los aparcamientos como el túnel permanecían paralizados desde hacía meses, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreciara hasta siete motivos de ilegalidad en el proyecto.
Entre las principales objeciones figura que el Ayuntamiento impulsó la licitación pese a la existencia de un informe que advertía de la necesidad de aprobar previamente un nuevo Plan Especial, al considerar que las obras no eran compatibles con el planeamiento urbanístico vigente.
Asimismo, uno de los aspectos determinantes en la controversia judicial fue que el consistorio no facilitó a los ciudadanos información suficiente sobre el alcance real de la actuación, impidiendo así que pudieran formular alegaciones con pleno conocimiento del proyecto.
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