Cuando digo que me dedico, entre otras cosas, a divulgar Derecho deportivo, no lo hago como coartada retórica, sino como declaración de método.
Mi objetivo no es ofrecer siempre la respuesta más cómoda ni la vía más recomendable para cada operador, sino poner sobre la mesa todas las herramientas que el ordenamiento proporciona, incluso las más controvertidas, para que el debate jurídico sea completo.
Por eso me ha parecido necesario vincular tres casos que, a primera vista, podrían parecer de épocas y naturalezas distintas, pero que apuntan a un mismo déficit estructural del fútbol profesional.
El caso Zubiaurre, resuelto por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, nos enseñó hace ya bastantes años que una cláusula de rescisión desproporcionada —en aquel supuesto, unas treinta millones de pesetas sobre un salario muy inferior— podía y debía ser moderada por la jurisdicción social española aplicando los parámetros del Real Decreto 1006/1985.
No se trató de un ejercicio de tasación mercantil ni de comparar al jugador con su valor en el mercado de fichajes. Se trató de algo mucho más preciso y más duro para quienes defienden la literalidad de la cláusula: la Sala examinó los años de salario pendientes, la función indemnizatoria del pacto y la proporcionalidad entre ambos, y redujo la cláusula hasta cinco millones de pesetas.
La diferencia entre la cláusula original y la moderada era abismal. Aquel jugador tuvo que pagar igualmente, y aquella experiencia partió su carrera por la mitad.
La sentencia Lass Diarra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en 2024, no ha inventado nada que no estuviera ya latente en el caso Zubiaurre, pero lo ha proyectado a escala continental y con una legitimidad institucional difícilmente rebatible.
El TJUE afirmó con nitidez que determinadas normas FIFA sobre ruptura de contrato y responsabilidad solidaria del nuevo club pueden obstaculizar la libre circulación de los futbolistas profesionales y generar riesgos económicos imprevisibles y potencialmente muy elevados.
Cuando leo esa fórmula, pienso inevitablemente en una cláusula de quinientos millones de euros impuesta sobre un salario incomparablemente inferior, y me pregunto si hay mejor ilustración de lo que el TJUE está describiendo.
Y en ese contexto aterriza el caso Julián Álvarez.
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