F: Captura vídeo de Europa Press
La sentencia que ha condenado al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones incluye una decisión poco habitual: la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado que se deduzca testimonio de las declaraciones realizadas por varios agentes durante el acto del juicio oral “por si fueran constitutivas de un delito de falso testimonio”.
El Tribunal ha considerado que existen importantes contradicciones entre las declaraciones prestadas por estos agentes y los hechos que la propia resolución declara probados tras la valoración conjunta de toda la prueba practicada durante el procedimiento.
En relación con una de las denunciantes, la sentencia destaca que acudió a la policía pocas horas después de los hechos y que desde el inicio mantuvo una versión sustancialmente coincidente de lo sucedido.
Durante el acto de la vista, uno de los policías declaró que “estaba al lado de las dos y escuchó que la denunciante dijo que fue al baño voluntariamente y que se sintió incómoda y el acusado paró cuando le dijo que parara”.
Las dos denunciantes pusieron de manifiesto la indolencia con la que actuó la Policía Local, señalando incluso que “se reían junto a los acusados”. En consecuencia, el Tribunal “considera necesaria una investigación de este comportamiento mediante la oportuna deducción de testimonio, dada la flagrante contradicción de su versión con la de los denunciantes, a las que se atribuye prevalencia probatoria”.
La resolución no implica una condena ni una declaración de culpabilidad respecto de los agentes, sino únicamente la solicitud de la apertura de una investigación independiente para esclarecer si incurrieron o no en responsabilidad penal durante su comparecencia como testigos.
La sentencia, que todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, condena a Rafa Mir a siete años de prisión por agresión sexual y a dieciocho meses adicionales por lesiones. Además, le impone diversas medidas de alejamiento, prohibiciones de comunicación y un periodo de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena.
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