Libertad provisional para el expresidente del CD Tudelano acusado de organización criminal

El juez de instrucción de Tudela ha dejado en libertad provisional al empresario navarro Ramón Lázaro, que presuntamente, desde su llegada a la presidencia del CD Tudelano en 2022, inició "una amplia amalgama de actividades criminales" destinadas a su enriquecimiento.

También su madre ha sido puesta en libertad con la obligación de comparecer cuando sea requerida para ello. Las otras cinco personas detenidas este lunes por la Policía Nacional, en colaboración con la Europol y la Interpol, fueron puestas ese día en libertad provisional sin pasar por el juzgado.

Fue el lunes cuando se conoció la operación policial contra una organización criminal investigada por presuntos delitos económicos y societarios, que se saldó con siete personas detenidas, tres registros y actuaciones patrimoniales sobre bienes y productos financieros.

A la organización se atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

En el auto judicial, se señala que Lázaro se apropió de "importantes cantidades dinero" procedente de los dos clubes de fútbol que presidía (Tudelano y Ribera Fútbol Sala) bajo el pretexto de "préstamos simulados o devolución de los mismos", unas cantidades que habría destinado a la compraventa de propiedades (cuatro viviendas) que inscribió a nombre de su esposa.

El juez considera que en este caso no concurre riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, ya que el 8 de junio se practicaron registros en tres inmuebles del investigado, en los que se incautaron terminales, documentación y claves asociadas a un monedero que contiene criptomonedas transferidas fuera de España.

También se ha procedido al embargo de tres inmuebles, así como de vehículos y todas las cuentas bancarias de las que es titular el acusado. De este modo, indica el juez, "las capacidades del investigado para ocultar o destruir fuentes de prueba son ínfimas".

Por otra parte, estima que tampoco hay riesgo de fuga, ya que se ha intervenido la totalidad del patrimonio del investigado (1.430.000 euros), por lo que "su capacidad económica para sustraerse de la justicia son muy reducidas".

El juez decreta en su auto la prohibición al investigado de salida del territorio nacional, así como la obligación de entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas.