La RFEF advierte a los acreedores de EEUU de las 'renovables' que La Roja no es «activo del Estado»

El Gobierno español ha sufrido un nuevo y significativo revés judicial en territorio estadounidense en el marco del contencioso de las energías renovables, cuyas consecuencias trascienden el ámbito estrictamente económico para proyectarse potencialmente sobre la operativa de la selección nacional de fútbol en el Mundial.

Este revés, lejos de ser un incidente aislado, se inscribe en una larga serie de litigios internacionales derivados de las modificaciones regulatorias aprobadas por España en la última década, y adquiere ahora una dimensión práctica inesperada al afectar a uno de los bienes simbólicos más preciados por la ciudadanía: la participación de su equipo nacional en la competición deportiva más importante del planeta.

El Tribunal del Distrito de Columbia ha dictado una resolución ejecutoria del laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) interpuesto contra España, en relación con los recortes retroactivos a las energías renovables y vinculado específicamente al denominado "caso Watkins".

Dicha resolución no solo confirma la validez del laudo, sino que podría abrir la puerta a medidas coercitivas que hasta ahora parecían remotas o puramente teóricas en el ámbito del arbitraje de inversiones.

Los fondos han registrado esta sentencia federal contra el Reino de España en prácticamente todas las jurisdicciones estadounidenses que podrían albergar encuentros de la Selección a partir de las eliminatorias, como los tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee (donde se hospeda «la Roja» en la primera fase de grupos), Texas y California, entre otros territorios.

Según informa La Razón, España acumula 27 laudos internacionales pendientes de pago por esta causa. La factura total asciende a 2.316 millones de euros, de los cuales 552 millones corresponden a intereses, costes financieros y gastos legales generados durante años de litigios.

Los acreedores han logrado en las últimas semanas el bloqueo de 250 millones por orden de la justicia belga y el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos. El Mundial se ha convertido en uno de los frentes más visibles de esta batalla jurídica.

El pasado abril, una juez del distrito de Columbia rechazó el intento de España de bloquear a estos inversores, al entender que ha transcurrido un plazo razonable desde la condena sin que España haya procedido al pago ni haya aportado garantías, lo que habilita a los acreedores a iniciar medidas de embargo sobre activos del Estado español en territorio estadounidense.

Posteriormente, a finales de mayo, el Gobierno de Estados Unidos emitió un dictamen en el que recomienda al Tribunal Supremo de ese país que rechace definitivamente el recurso de España para eludir el pago de los laudos por el cambio normativo de las renovables.

Pues bien, ante esta situación, la RFEF ha enviado una carta en la que advierte a los acreedores de las energías renovables de que la selección española de fútbol no constituye un "activo del Estado" español. 

En el requerimiento, la RFEF les insta a que cesen cualquier actuación que pueda constituir acoso contra la Federación o la Selección, que en un plazo de 14 días modifiquen las citaciones para excluir toda referencia a la RFEF y a la Selección dentro de la definición de “España”, que emitan una declaración pública rectificando cualquier vinculación de ambas con el Estado español o con el procedimiento de ejecución, y que devuelvan o destruyan cualquier documentación obtenida relativa a la Federación o a la Selección.

La RFEF les recuerda que es una entidad privada, asociativa y sin ánimo de lucro, independiente del Estado, con órganos propios de gobierno y financiación mayoritariamente procedente de derechos audiovisuales, competiciones, patrocinios, licencias y otras fuentes privadas. La carta subraya que la RFEF no forma parte de la Administración pública española, no fue creada por el Consejo de Ministros, no integra sus presupuestos en los Presupuestos Generales del Estado y no está sometida al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado.

La Federación afirma que las citaciones y las informaciones publicadas en medios españoles e internacionales generan una imagen falsa sobre su naturaleza jurídica y capacidad financiera, pudiendo afectar a sus relaciones comerciales, su reputación y la preparación de la Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por último, la RFEF se reserva expresamente el ejercicio de acciones por daños, vulneración de secretos, protección de datos y cualquier otra reclamación civil derivada de las citaciones y de su difusión pública.