La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) reclamó el pasado lunes, 1 de junio, en el Congreso de los Diputados la necesidad de avanzar hacia una contratación pública más sostenible, capaz de garantizar la viabilidad económica de los servicios deportivos esenciales prestados a las administraciones públicas y de acompañar el incremento de los costes laborales, regulatorios y operativos que asumen las empresas del sector.
La asociación defendió esta posición durante la jornada El valor de lo esencial, organizada por alianzAS en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. El encuentro reunió a responsables políticos, agentes sociales, empresas y representantes parlamentarios para abordar los principales retos regulatorios, laborales y económicos de los servicios esenciales intensivos en empleo en España.
En representación de AEESDAP intervino Yago Monteoliva, gerente de la asociación y vicepresidente tercero de AlianzAS, dentro de la mesa de debate El necesario diálogo social en los servicios esenciales, moderada por Ignacio Gamboa, presidente de ASADE. En la mesa también participaron Daniel Barragán, secretario general del Hábitat de CCOO; Moisés Torres, secretario del Sector de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT; Daniel Aníbal García, presidente de IGUALIS; Alberto López, presidente de AMI; y Lourdes Rivera, presidenta de AESTE.
El incremento de los costes
Durante su intervención, Monteoliva insistió en que los servicios deportivos prestados a las administraciones públicas forman parte de la red de servicios esenciales, por su impacto directo en la salud, la prevención, la inclusión y la cohesión social.
“Los servicios deportivos no solo son servicios intensivos en personal y servicios especiales del anexo IV de la LCSP; son una actividad esencial en virtud de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte”, señaló.
Monteoliva también advirtió de que el actual marco de contratación pública no siempre permite actualizar los contratos al ritmo que aumentan los costes laborales, regulatorios y operativos que asumen las empresas adjudicatarias. Por lo tanto, esta situación puede comprometer la viabilidad de los servicios, la estabilidad de las plantillas y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
En este sentido, coincidió con el resto de ponentes en la necesidad de avanzar hacia mecanismos de revisión de precios y una actualización contractual que permitan hacer compatibles las mejoras laborales con la sostenibilidad de los contratos públicos.
“Desde AEESDAP defendemos que la mejora de las condiciones laborales y la estabilidad de los servicios públicos deben avanzar de forma conjunta”, aseguró, remarcando que “para ello es necesario un marco que ofrezca seguridad jurídica a empresas, administraciones y trabajadores, y que evite que las entidades adjudicatarias asuman en solitario los costes derivados de cambios regulatorios o salariales posteriores a la adjudicación de los contratos”.
Además, puso de manifiesto que “en los contratos de servicios no existe un mecanismo legal que permita a las administraciones reconducir económicamente un contrato en ejecución cuando su equilibrio se ha roto en exceso, fuera de los límites del riesgo y ventura”.
“Las posibles compensaciones vía judicial, en base a la doctrina del riesgo imprevisible, que desde hace algunos meses se están concediendo, no son un mecanismo que evite las enormes tensiones que sufren los contratos durante su ejecución”, subrayó, y añadió que “estas tensiones no solo afectan a las empresas y a los trabajadores, sino también a la calidad y continuidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía”.
Por último, aprovechando la presencia de miembros del Gobierno y de varias organizaciones políticas, subrayó la falta de coherencia y la desigualdad de trato fiscal que sufren los servicios deportivos a la ciudadanía frente a otras actividades. “Los servicios deportivos son servicios esenciales y tienen una importante vinculación con la salud y el bienestar de la ciudadanía, por lo que teniendo en cuenta la propia naturaleza impositiva del IVA, no es coherente ni prudente mantener un tipo del 21% para estos servicios”, concluyó Monteoliva.
Participación institucional del Gobierno
La jornada contó con la participación institucional de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien puso en valor el papel de los servicios esenciales en la cohesión social y defendió que “el diálogo social es el camino” para avanzar en este ámbito.
La clausura institucional corrió a cargo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien reivindicó la colaboración público-privada, la seguridad jurídica para las empresas y la inclusión de la revisión de precios en la Ley de Contratos del Sector Público. “Las empresas necesitan seguridad jurídica sostenida a largo plazo”, afirmó.
La jornada también incluyó una segunda mesa, Asegurando la viabilidad de los servicios esenciales en España, con la participación de representantes del PP, PSOE y VOX, moderada por Juan Ignacio Beltrán, presidente de ASPEL. En ella, los grupos parlamentarios pusieron en valor el diálogo social, la negociación colectiva y la firma de acuerdos tripartitos para avanzar en un ámbito de amplio consenso.
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