La violencia contra las mujeres en el fútbol femenino: el caso del Alhama CF

La sentencia del Juzgado de lo Social de Murcia en el caso del entrenador Juan Antonio García Martínez, conocido como Randri, y el Alhama CF, dados a conocer por El Periódico de Catalunya, no es sólo una resolución judicial: es un documento procesal que recoge el relato de lo que significa trabajar bajo un régimen de humillación, acoso sexual, discriminación y violencia verbal machista sistemática en el deporte femenino español, cuyo fallo irrisorio parece impunidad: 32.000 euros de multa.

Una sentencia que no hace valer las leyes de protección frente al acoso sexual y la discriminación, no protege, no disuade, no repara, no se ajusta a la ley. Sólo sirve para dar apariencia de justicia a la validación de la cultura de machismo y violencia que aún existe en el fútbol femenino. De hecho, el condenado volvió a su puesto de entrenador, después de haber cumplido la inhabilitación de la RFEF por dos años, tiempo en el que, sin embargo, ejerció de director deportivo del club, fundado por su padre y presidido ahora por su esposa.

Los hechos probados: un ambiente de terror machista

La sentencia declara probado que el entrenador del primer equipo femenino del Alhama CF adoptó conductas de gran gravedad. Entraba en el vestuario cuando las futbolistas estaban en las duchas y les decía frases como “habéis llegado a Primera división por ser mujeres y chupar pollas, si no habríais llegado ni a Tercera”, "estáis tan gordas que no sé cómo podéis follar", “no podéis correr porque el culo os pesa”. Estas expresiones no son conductas inapropiadas, son manifestaciones de acoso sexual, violencia verbal y discriminación por razón de sexo y orientación sexual en el marco de una relación laboral de poder asimétrico, donde el agresor ostentaba la dirección técnica del equipo.

Pero el episodio más grave, y también el más revelador de la dinámica de abusos y sexismo que había en el club, fue el envío masivo a todas las jugadoras, desde el teléfono personal del entrenador, de una fotografía explícita en la que aparecían hombres del cuerpo técnico desnudos. Este es un acto deliberado de acoso sexual. En cualquier entorno laboral, habría desencadenado consecuencias penales, disciplinarias inmediatas y ejemplarizantes por la gravedad del asunto.

El informe de investigación de la Inspección de Trabajo incorporado al proceso es demoledor: el 90% de la plantilla describió el comportamiento del técnico como agresivo y visceral, con comentarios sexuales, sexistas y degradantes de carácter habitual. A la luz de la ley, este entorno humillante, intimidatorio, degradante y violento tipifica el delito de acoso sexual. No estamos ante un episodio aislado fruto de un mal día, sino ante un patrón de conducta sostenido de un hombre que, a juzgar por los hechos declarados probados, es incapaz de liderar nada porque no es capaz de controlar sus impulsos más básicos con connotaciones sexuales y despreciativas hacia las mujeres de su equipo. Lo más grave es que las autoridades del club lo sabían, lo toleraban y, según la propia sentencia, lo encubrían; pues a la final, el club es una empresa familiar.   

La responsabilidad que la sentencia reconoce y luego minimiza

Además de la condena al entrenador, también declara la culpabilidad de Tamara Ruiz       –esposa del técnico, entonces directora deportiva y hoy presidenta del club– y del propio Alhama CF en su condición institucional, al actuar de cómplices, encubridores y cooperadores necesarios de un entorno laboral hostil, sexista y degradante. En términos procesales, el juzgado traza con nitidez una cadena de responsabilidades. Según señala la sentencia, ningún entorno laboral ni deportivo puede justificar conductas degradantes o atentatorias contra la dignidad de las trabajadoras y rechaza que la exigencia competitiva del deporte profesional ampare esta conducta. Pero, de forma inexplicable, da una vuelta de tuerca, y profiere una condena simbólica que diluye la responsabilidad de los condenados, desprotege a las futbolistas y, por ello, convierte en papel mojado las leyes que debía hacer valer.

Por su parte, el sindicato mayoritario Futpro había presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, a fin de garantizar la protección de las futbolistas, donde se acreditó la existencia de un ambiente laboral hostil producido por los comentarios despectivos y humillantes, que crearon un entorno laboral degradante y ofensivo.

La urgente necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres deportistas

Casos como el del Alhama CF evocan el machismo, la lesbofobia, la violencia verbal y psicológica, y los tratos degradantes que Ignacio Quereda ejerció impunemente durante 27 años en la Selección Femenina, bajo la complicidad de Ángel María Villar, entonces presidente de la RFEF. Esta persistencia del abuso físico, sexual y psicológico, sumada al machismo institucional, responde a factores estructurales arraigados en el sistema deportivo global, los cuales reflejan la discriminación sexista que las mujeres sufren en todos los ámbitos. Mientras no se implementen cambios profundos en prevención y formación, y no se apliquen de forma estricta las normas vigentes con sanciones proporcionales, será imposible erradicar una violencia sistémica que no solo arruina carreras, sino que vulnera los derechos humanos fundamentales. Es imperativo hacer valer ya la ley de igualdad, así como los protocolos de la FIFA y la RFEF contra el acoso y la discriminación.