La denuncia de los árbitros contra Florentino Pérez ante el Comité de la RFEF

La controversia que centra el presente trabajo surge a raíz de las informaciones de prensa que dieron cuenta de la remisión al órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de una denuncia promovida por la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) frente a determinadas declaraciones públicas de Florentino Pérez sobre el estamento arbitral y la competición.

Según esas informaciones, las manifestaciones cuestionadas habrían empleado expresiones vinculadas a ideas de "robo" o "corrupción", y la asociación denunciante habría entendido que no se trata de mera crítica deportiva sino de una imputación global de deshonestidad al colectivo arbitral.

En términos más precisos, la denuncia se apoyaría en la idea de que las palabras del presidente del Real Madrid no podían quedar amparadas por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni por la crítica deportiva, al no limitarse a denunciar errores arbitrales puntuales, sino al atribuir al cuerpo arbitral una corrupción continuada durante un largo periodo temporal. Desde esa construcción, las manifestaciones trascienden la discrepancia deportiva y se adentran en el terreno de la imputación de deshonestidad estructural al conjunto del estamento arbitral.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el interés del caso no reside solo en la posible sanción final, sino en el haz de problemas dogmáticos que activa: la legitimación del denunciante, la determinación del tipo aplicable, la compatibilidad de la eventual sanción con la libertad de expresión y la viabilidad de medidas provisionales limitativas del discurso público.

POTESTAD DISCIPLINARIA E INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El Código Disciplinario de la RFEF proporciona el primer marco normativo de referencia. Su artículo 3 delimita el ámbito subjetivo de la potestad disciplinaria y comprende a clubes, directivos y demás sujetos integrados en la estructura federativa estatal, por lo que no ofrece duda la sujeción del presidente de un club profesional al régimen disciplinario federativo. Del mismo modo, el artículo 22 prevé que el procedimiento puede iniciarse por providencia del órgano competente, de oficio, a solicitud del interesado o a requerimiento del Consejo Superior de Deportes, pudiendo la incoación de oficio basarse en una denuncia motivada.

Esa previsión permite distinguir con claridad entre la mera notitia disciplinaria y la condición de parte en sentido propio. La denuncia puede activar el examen del órgano disciplinario, pero no comporta por sí sola un derecho subjetivo a la apertura del expediente ni convierte automáticamente al denunciante en titular de una acción sancionadora dispositiva.

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Miguel Ángel Galán Castellanos