Sin ordenación profesional, el deporte español queda expuesto

Hay problemas que no hacen ruido. No ocupan portadas ni generan urgencias mediáticas. Pero están ahí, erosionando poco a poco el funcionamiento de las instituciones. El espacio profesional del deporte en España es uno de ellos.

Mientras hablamos de grandes eventos, éxitos olímpicos o políticas de promoción de la actividad física, hay una realidad incómoda que se mantiene en segundo plano: el sistema profesional que sostiene todo eso lleva años sin un marco claro, coherente y actualizado. Y eso tiene consecuencias.

Conviene decirlo sin rodeos: hoy el deporte en España funciona, en parte, a pesar de su marco normativo, no gracias a él. Los servicios se siguen prestando, sí. Pero demasiadas veces lo hacen apoyándose en interpretaciones, soluciones provisionales y criterios desiguales según el territorio o la Administración de turno. Y cuando un sistema funciona así, no está fuerte: está expuesto.

La aprobación de la Ley del Deporte en 2022 abrió una oportunidad. Reconoció algo que era evidente: que existe una profesión titulada en el ámbito de la educación física y el deporte, con impacto directo en la salud, la educación y la calidad de vida de las personas. Pero ese reconocimiento, por ahora, no se ha traducido en estructura. Seguimos con normas obsoletas, con estatutos anclados en otro tiempo y con un retraso institucional difícil de justificar.

Algunos dirán que esto es un problema corporativo, interno, casi menor. Que no afecta a lo importante. Es una lectura miope. Porque cuando las reglas no están claras, lo que falla no es solo la organización que las necesita: falla la manera en que todo el sistema toma decisiones. Falla la contratación pública, la definición de perfiles profesionales, la coordinación entre Administraciones y, en último término, la capacidad de exigir calidad.

Y hay un punto especialmente sensible: el control del ejercicio profesional. Un sistema con un marco disciplinario obsoleto es un sistema que tiene más dificultades para corregir malas prácticas y garantizar estándares adecuados. Y eso deja de ser un problema “interno” en el momento en que hablamos de servicios que afectan a la salud y a la seguridad de las personas.

El verdadero riesgo no es que el sistema deje de funcionar de un día para otro. Eso no va a ocurrir. El riesgo es otro: normalizar el desorden, acostumbrarnos a que las cosas se resuelvan “como se puede” y no como deberían. Y eso, en políticas públicas, siempre acaba teniendo un coste.

Esperar a una ley futura que resuelva todo de una vez puede parecer prudente. En realidad, es una forma elegante de aplazar decisiones. Y el tiempo está demostrando que esa espera no está generando más consenso ni más seguridad, sino exactamente lo contrario: más incertidumbre.

Los sistemas que funcionan no son los que esperan condiciones perfectas. Son los que avanzan cuando tienen que avanzar, aunque no todo esté resuelto. El deporte español necesita eso: decisión, coherencia y responsabilidad institucional.

Porque cuando el marco falla, todo lo demás se resiente. Y el deporte —por lo que representa socialmente, por su impacto en la salud y por la confianza que genera— no puede permitirse esa debilidad.

No decidir también es una forma de decidir. Y en este caso, es decidir seguir como estamos. La pregunta es si de verdad nos podemos permitir seguir así.