La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala I) 237/2026, de 17 de febrero, ofrece una oportunidad inmejorable para reflexionar sobre los límites del poder de modificación estatutaria y el valor constitucional de la información previa en los procesos de toma de decisiones colectivas. El caso parte de una situación aparentemente disciplinaria: varios socios del Fútbol Club Barcelona fueron sancionados con la suspensión de su condición de miembros por períodos de 8, 14 y 18 meses por haber cedido onerosamente sus abonos. Sin embargo, lo que comienza como un procedimiento sancionador se convierte en un examen profundo sobre la transparencia informativa en las asambleas generales.
La Junta Directiva convocó una asamblea general ordinaria para modificar el articulado que tipificaba la cesión onerosa del título de acceso, ampliando el concepto para considerar onerosa cualquier cesión con contraprestación económica, independientemente de su cuantía. Los socios sancionados iniciaron una batalla judicial que ha concluido con la declaración de nulidad del acuerdo reformador. No se trataba, pues, de una mera disputa sobre la proporcionalidad de una sanción, sino de la validez misma del cambio normativo interno que la sustentaba.
II. Del castigo individual a la impugnación colectiva: la cuestión de la legitimación activa
En primera instancia, la demanda fue desestimada por falta de legitimación activa. El Juzgado de Primera Instancia aplicó la normativa catalana de asociaciones y concluyó que, al estar suspendidos, los socios carecían de capacidad para impugnar el acuerdo adoptado en la asamblea. Esta interpretación, hay que reseñarlo, ignoraba la esencia misma de la protección jurídica: la posibilidad de defenderse frente a decisiones que afectan directamente a los derechos fundamentales.
La Audiencia Provincial, confirmando la sentencia con argumentación distinta, consideró aplicable la normativa estatal de asociaciones en lugar de la autonómica, eliminando el requisito de haber sido miembro del órgano que adoptó la decisión. No obstante, mantuvo la denegación al entender que la suspensión comportaba la pérdida de la facultad de impugnar por infracción de normas estatutarias, conforme al artículo 40.3 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación.
Diego Fierro Rodríguez
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