Juveniles del Torrelavega difunden imágenes de sus compañeras con "insultos machistas"

La Policía Nacional está investigando el presunto caso de acoso en las categorías inferiores del club de balonmano Bathco BM Torrelavega, según informa elDiario.es.

Familiares de las jugadoras del cadete femenino interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional tras tener conocimiento de un grupo de WhatsApp en el que juveniles del club difundían presuntamente imágenes de sus compañeras, tomadas durante partidos o entrenamientos, y las acompañaban de "insultos homófobos, machistas y gordófobos", adelanta elDiario.es.

Padres y madres de varias de las jugadoras adolescentes afectadas —de entre 14 y 15 años— han relatado a elDiario.es los hechos, que se pusieron en conocimiento del club, según constatan, a principios del mes de marzo. “Les facilitamos como prueba hasta 67 pantallazos del chat, con insultos de todo tipo por parte de tres chicos y una chica del equipo juvenil, y un mes y medio después no se ha tomado ninguna medida al respecto ni nos dan ninguna información”, han denunciado.

Fuentes policiales han señalado este miércoles a EFE que el grupo de investigación especializado en este tipo penal de la Policía Nacional se encuentra trabajando en el asunto con el objeto de esclarecer lo ocurrido.

El Bathco BM Torrelavega informó este martes de que mantenía activado el protocolo interno de actuación frente a situaciones de acoso o conductas inadecuadas.

En un comunicado, el club cántabro explica que activó el protocolo "desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos" y que llevó a cabo las actuaciones correspondientes, incluyendo la recopilación de información para mediar entre las partes y la adopción de medidas para "detener cualquier conducta contraria a los valores del deporte y de la convivencia". 

Primera reacción del club

Sin embargo, según Eldiario.es, el Balonmano Torrelavega sostuvo en un primer momento que los hechos ocurrieron fuera de su ámbito de responsabilidad, al tratarse de un chat privado entre jugadores. Por ello, defendió que no le correspondía intervenir, aunque los implicados eran deportistas del propio club y, presuntamente, utilizaron ese espacio para insultar y ridiculizar a compañeras.

A pesar de que la entidad cuenta con un apartado específico de protección a la infancia y un protocolo contra la violencia —basado en la legislación vigente que incluye también la violencia digital—, las familias consideran que existe una clara contradicción entre esa imagen pública y la gestión real del caso. Según denuncian, la respuesta del club ha sido escasa y poco transparente, limitándose a informar de que “se ha activado el protocolo” sin ofrecer más detalles.

Tras más de mes y medio sin avances ni explicaciones, los familiares decidieron dar un paso más: primero acudieron a la federación, que instó al club a actuar, y posteriormente presentaron una denuncia ante la Policía Nacional. Actualmente, el caso se investiga como un posible delito de odio, y varias menores ya han prestado declaración.

Las familias critican la falta de medidas concretas, señalando que sanciones internas o disculpas podrían haber evitado llegar a la vía judicial. Además, destacan el malestar de las víctimas, que en algunos casos deben seguir compartiendo entrenamientos y vestuarios con sus presuntas agresoras.

Por su parte, el club defiende su actuación como mediador y rechaza calificar lo sucedido como acoso, argumentando que no se ajusta a la definición de bullying. En su lugar, lo describe como “faltas de respeto en un entorno puntual” y considera que la situación se ha resuelto al cesar esas conductas. Asimismo, sostiene que apartar a las implicadas no sería la solución adecuada, pese a las críticas de las familias afectadas.