Los argumentos del Gobierno canario con las licencias de los menores migrantes

Ayer dimos cuenta de que la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias había dictado una resolución en la que ordena a las federaciones canarias expedir licencias a menores migrantes no acompañados para participar en el fútbol base no profesional.

La medida responde a las quejas de estos menores por los obstáculos para acceder al deporte federado, pese a considerarse el deporte clave para su integración social y desarrollo personal.

Según la resolución, uno de los principales problemas ha sido la imposibilidad de obtener licencias para competir oficialmente, lo que supone una “clara discriminación” respecto a otros menores.

El texto señala que las federaciones alegaban una interpretación restrictiva de la normativa FIFA (artículo 19.2 d) sobre inscripción de menores no acompañados.

Frente a ello, la resolución afirma que las federaciones ejercen una función pública administrativa y pueden emitir licencias para competiciones no profesionales.

La Dirección General fundamenta su decisión en normativa internacional, estatal y autonómica de protección de la infancia y no discriminación, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño y diversas leyes españolas.

En esa línea, se subraya que ningún menor puede ser discriminado en el deporte por su situación personal o migratoria.

La resolución también invoca criterios del Consejo Superior de Deportes, señalando que la normativa FIFA no puede prevalecer sobre el ordenamiento jurídico español cuando existe contradicción.

Finalmente, el acuerdo ordena expedir licencias territoriales, revisar solicitudes rechazadas y promover medidas de integración deportiva para estos menores.

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