Ecologistas en Acción reclama el desmantelamiento de la estación de Navacerrada

Ecologistas en Acción ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo que confirma que Castilla y León debe decretar el fin de la estación de esquí de Navacerrada y ha reclamado su desmantelamiento de los montes públicos propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

La organización ecologista considera “ineludible” la ejecución de la sentencia dictada en enero de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que obligaba a la administración autonómica a declarar la caducidad de la concesión, así como a tramitar la retirada de las instalaciones y la restauración ambiental del entorno.

Ecologistas en Acción ha lamentado que, “por intereses políticos y económicos contrarios al interés general”, se haya retrasado el desmantelamiento de la estación, cuya concesión sobre terrenos públicos del Organismo Autónomo Parques Nacionales, en el monte ‘Pinar de Valsaín’, caducó en 2021.

Según la organización, esta situación ha permitido la apertura de la estación durante cinco años “ocupando terrenos públicos sin pagar ningún canon”.

El colectivo ha defendido el cierre no solo por motivos legales, sino también por razones climáticas y ambientales, al señalar que desde la década de 1970 la temperatura media en el puerto de Navacerrada ha aumentado cerca de dos grados, con una reducción de la nieve de aproximadamente una cuarta parte.

Asimismo, ha advertido de los impactos de la actividad, como el consumo energético asociado a la nieve artificial, la presión sobre el entorno natural, la contaminación derivada del tráfico o la alteración de suelos y aguas en una zona incluida en el ámbito del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Ecologistas en Acción ha señalado que el desmantelamiento supondría una mejora ambiental y paisajística, y ha vinculado esta actuación con la necesidad de adaptar la gestión del territorio al contexto de crisis climática.

La organización también ha cuestionado la nueva concesión otorgada en 2024 en la vertiente madrileña, al considerar que ampliar la superficie destinada a la actividad en un contexto de escasez de nieve implicaría un “despilfarro de recursos”.

Por último, ha expresado su confianza en que la decisión del Tribunal Supremo contribuya a poner fin a la “dañina politización” del proceso y permita avanzar en la ejecución de las medidas previstas en la sentencia del TSJCyL.