El expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu se ha amparado en un acuerdo verbal, sellado con un apretón de manos, para justificar que el club pagara 1,7 millones de euros a su abogado por alcanzar un pacto en el caso Neymar, la primera condena penal a la entidad, sin que la junta directiva lo aprobara.
Bartomeu ha declarado este jueves como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona a raíz de una denuncia de la Fiscalía que lo acusa de desviar cuatro millones de euros en comisiones e intermediaciones, a espaldas del club, en su etapa como presidente del Barça (2014-2020), según han informado fuentes jurídicas.
La denuncia deriva del informe 'forensic' que la junta actual del Barça, que encabeza Joan Laporta, remitió en 2022 a la Fiscalía y que detallaba distintas irregularidades contables relacionadas con la compraventa de jugadores.
Una de las operaciones que la Fiscalía ve ilegales es el pago supuestamente indebido de 1,7 millones de euros que José Ángel González Franco, abogado de Bartomeu en el caso Neymar, facturó en 2016 por participar en el acuerdo entre el Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por el que la entidad azulgrana admitió dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño y aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros.
Ese pago al abogado se acordó sin la aprobación de la junta directiva del Barça, a la que el acuerdo se elevó posteriormente, según la Fiscalía, que mantiene en su denuncia que González Franco no intervino en representación del club en la conformidad, porque el único letrado que llevó la defensa del Barça fue Cristóbal Martell.
El ministerio público sostiene que José Ángel González Franco "tenía perfecto conocimiento del conflicto de intereses existente entre los intereses de la persona física por él defendida, Bartomeu, y los intereses propios del Barcelona como persona jurídica, que ya venía siendo defendida por el letrado Cristóbal Martell".
Conflicto de intereses
A preguntas de la fiscal, Bartomeu ha argumentado que llegó a un acuerdo verbal con González Franco —para él un apretón de manos es "suficiente"— para remunerarle por defender los intereses del club en el caso Neymar, tras una reunión a la que asistió, entre otros, el expresidente del Barça Sandro Rosell, también imputado en la causa.
En dicha reunión, ha precisado, se pactó que González Franco cobraría el 10 % de lo que se ahorrara el Barça gracias al acuerdo con las acusaciones que acarreó la condena del club, lo que equivale a los 1,7 millones de euros que el letrado facturó finalmente.
El expresidente azulgrana ha justificado que ese acuerdo verbal no pasara por la junta directiva del club, porque según su versión no todos los asuntos deben ser aprobados previamente por ese órgano, especialmente en materia de fichajes.
El investigado ha añadido además que desconoce los detalles de la operación y que no sabe por qué motivo no se informó a la junta directiva del Barça hasta un año después de la factura de 950.000 euros que el club pagó a González Franco en 2016 en concepto de honorarios por los "trabajos realizados" para cerrar el acuerdo del caso Neymar.
En todo caso, ha insistido que la negociación para el acuerdo con Fiscalía y Abogacía del Estado por el caso Neymar la llevó González Franco, pese a que lo acabó firmando Cristóbal Martell, lo que su defensa asegura prueban los correos electrónicos intercambiados con el ministerio público en el proceso de negociación.
Durante su interrogatorio, la Fiscalía ha incidido en el conflicto de intereses en el pago al despacho de abogados de González Franco, puesto que según su tesis el resultado de esta operación fue que el Barça acabó sufragando la defensa de Bartomeu en el caso Neymar.
Según la línea de defensa de Bartomeu —quien se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular ejercida por el Barça— tal conflicto de intereses no existe, puesto que en el caso Neymar, como en todas las causas por fraude fiscal, los pactos se acuerdan de forma global, incluyendo a todos los encausados.
El ministerio público vincula al expresidente del Barça con otras dos operaciones: el pago de una comisión por el fichaje del jugador brasileño Malcom, sin conocimiento de la junta directiva, y de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las supuestas afectaciones en sus instalaciones del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores.
Sin embargo, la Fiscalía no ha planteado ninguna pregunta sobre el fichaje de Malcom a Bartomeu, para sorpresa de las defensas.
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