Foto: montaje de ADSLZoneLaLiga y Movistar Plus+ (Telefónica Audiovisual Digital) han presentado una querella, ya admitida a trámite, contra el consejero delegado de Cloudflare Inc., Matthew Prince, por presuntos delitos de piratería audiovisual, según han indicado fuentes judiciales a Europa Press.
En este contexto, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado al estadounidense a declarar el próximo 7 de abril como investigado por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia, según fuentes judiciales.
En la causa figuran como querellados el propio Matthew Prince, en calidad de CEO de Cloudflare Inc., y la mercantil Cloudflare Inc. como persona jurídica, relacionada con su filial en la Unión Europea Cloudflare Portugal Unipessoal Lda.
El órgano judicial ha acordado la citación de Prince en calidad de investigado y la imputación de Cloudflare Inc. como persona jurídica. Se trata de la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de Estados Unidos por presuntos delitos contra la propiedad intelectual.
TRES DELITOS DE ESPECIAL GRAVEDAD
La querella denuncia la presunta comisión de tres delitos de especial gravedad:
- Delitos contra la propiedad intelectual
- Amenazas o coacciones
- Obstrucción a la administración de justicia
La imputación se fundamenta en que Cloudflare Inc. y su presidente habrían desplegado actuaciones destinadas a impedir la ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, dictada el 18 de diciembre de 2024.
Dicho fallo autorizaba a LaLiga y Movistar Plus+ a notificar a los proveedores de acceso a Internet en España, en cada jornada de competición, las direcciones IP que facilitasen el acceso ilícito a contenidos audiovisuales protegidos, incluidas numerosas IP asociadas a Cloudflare.
38% DE LA PIRATERÍA USARÍA CLOUDFLARE
Según la querella, aproximadamente un 38% de los servidores, webs, reproductores y plataformas ilegales que difunden contenidos de competiciones en España habrían utilizado servicios de Cloudflare.
Los hechos investigados se relacionan con la ocultación sistemática de direcciones IP de plataformas piratas, mediante su red de distribución de contenidos (CDN) y sistema de 'reverse proxy', lo que situaría a la compañía como un “actor imprescindible” en la cadena de la piratería audiovisual.
Se le atribuye además la prestación de alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de flujos de 'streaming' ilícitos de LaLiga.
REQUERIMIENTOS IGNORADOS Y CAPACIDAD DE BLOQUEO
Los querellantes afirman que Cloudflare habría recibido más de 114 requerimientos formales, aproximadamente uno por jornada de competición, con información detallada sobre plataformas ilícitas.
Pese a ello, sostienen que no habría adoptado medidas eficaces para cesar la actividad ilícita ni para bloquear de inmediato el acceso, pese a contar con capacidad técnica para hacerlo.
La causa penal sigue en fase de instrucción, con diligencias de investigación sobre la actividad de la matriz estadounidense y su estructura en la Unión Europea.
DECLARACIONES DEL CEO Y POSIBLE OBSTRUCCIÓN
Como elemento agravante, la querella incorpora manifestaciones públicas de Matthew Prince sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales europeas.
En enero de 2026, tras una sanción en Italia por incumplir órdenes de bloqueo de piratería, Prince publicó en la red social 'X' que un “casi-judicial organismo” italiano había multado a Cloudflare con 17 millones de dólares (14,6 millones de euros) y que la empresa se planteaba retirar servidores del país y discontinuar servicios de ciberseguridad, incluso gratuitos.
Asimismo, en 2025, en una conferencia en el Council on Foreign Relations, criticó una resolución de un tribunal francés que obligaba al bloqueo de contenidos ilícitos de fútbol y relató que había propuesto a otras tecnológicas coordinar una respuesta conjunta, incluso contemplando cortar servicios en Francia.
Estas declaraciones podrían encuadrarse, según la querella, en un delito de obstrucción a la justicia.
DAÑOS ECONÓMICOS ESTIMADOS
Los daños económicos derivados de la actividad que presuntamente permitiría o facilitaría Cloudflare ascenderían a 859 millones de euros anuales.
La querella sostiene que la compañía obtendría beneficios millonarios derivados de los servicios prestados a plataformas de piratería, contribuyendo a la difusión masiva de retransmisiones ilegales de partidos de LaLiga.






















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