Yuste, Oliver y Sala i Martín admiten que el negocio del Reus fue una inversión "fallida"

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, y los exdirectivos de la entidad azulgrana Joan Oliver y Xavier Sala i Martín, quienes han declarado el pasado viernes como investigados por presunta estafa de 91.500 euros a una persona inversora en 2016, han admitido haber participado en un "negocio fallido", pero han negado haber cometido delito alguno.

Después de que hace mes y medio declarara -también como investigado- Joan Laporta, presidente saliente y ahora precandidato a las elecciones del Barça, el viernes ha sido el turno de Yuste, Oliver y Sala i Martín. Este último no ha acudido a la Ciudad de la Justicia, sino que ha prestado declaración ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona por videoconferencia.

En la querella, los cuatro aparecen vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron los hechos, que datan de mediados de 2016.

Entonces, la querellante invirtió, a través de un agente de banca privada, 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6 % de interés en Core Store, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportiu de Segunda División B a Segunda División.

Y también desembolsó otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objeto era la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona, confiando en "la reputación pública y credibilidad profesional de los intervinientes", según señala la querella.

De los 104.000 euros invertidos, la denunciante solo logró recuperar 12.500 euros, en agosto de 2024, tras diversas reclamaciones por los reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades.

Difícil situación del Reus

Fuentes judiciales han explicado a EFE que los tres investigados han admitido en su declaración que, en el momento en que se produjeron los hechos, el Reus, que acabó despareciendo en 2020, ya atravesaba una situación económica realmente complicada.

Y la acusación particular, dirigida por el abogado Pepe Oriola, defiende que el hecho de haber captado inversores a sabiendas de que dichas inversiones difícilmente iban a tener una retorno favorable en ese contexto económico tan adverso constituye un "comportamiento doloso" que prueba que existía una intencionalidad de llevar a cabo un "negocio jurídico criminalizado".

Según esas mismas fuentes, Yuste ha reconocido ser socio de las sociedades vinculadas a este presunto delito, a los que prestó su imagen y reputacion, pero que en las mismas no tuvo ninguna intervención ejecutiva.

Y Sala i Martín se ha referido a un "proyecto fallido" que lamentablemente también ha comportado un perjuicio económico propio, pues en el mismo invirtió 200.000 euros que da por perdidos.

Por su parte, Oliver, ha reconocido haber firmado como administrador de CSSB Limited el contrato en el que se acuerda la compra por parte de la querellante de acciones por valor de 54.000 euros de la compañía radicada en Hong Kong.

Pero ha asegurado que Laporta no firmó el mismo como representante de CSSB sino simplemente como testigo. Aunque ha reconocido haber utilizado alguna vez el despacho profesional del expresidente del Barça para negociar este tipo de operaciones.