Caso Rayo-Oviedo: no es una guerra Louzán - Tebas, es una simple discrepancia jurídica

El aplazamiento del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo ha vuelto a activar un reflejo muy habitual en el fútbol español: convertir cualquier diferencia institucional en un supuesto choque político o personal.

Sin embargo, en esta ocasión conviene rebajar el ruido y ajustar el foco, porque lo sucedido dista mucho de ser una batalla de poder.

No estamos ante un escenario comparable al que el fútbol español vivió cuando Luis Rubiales presidía la Real Federación Española de Fútbol. Entonces sí se produjeron enfrentamientos abiertos, de alto voltaje mediático y con una clara dimensión política dentro del ecosistema federativo.

Aquellos conflictos respondían a estrategias de confrontación directa entre instituciones y personas. Nada de eso ocurre ahora. Recuérdese que Tebas es, además de presidente de LaLiga,  vicepresidente de la RFEF. 

Ni guerra institucional ni choque personal

Ni Rafael Louzán ni Javier Tebas han intervenido personalmente en este caso. Este dato es clave, porque desmonta el relato de una supuesta pugna entre la LaLiga y la Federación.

Lo que ha sucedido es mucho más prosaico y, de hecho, bastante habitual en cualquier sistema institucional complejo: los órganos competentes de ambas entidades, en el ejercicio legítimo de sus funciones, han adoptado decisiones distintas ante un mismo asunto. Es decir, estamos ante una discrepancia jurídica, no ante un conflicto político ni un pulso de poder.

Y las discrepancias jurídicas, por definición, tienen mecanismos previstos para su resolución. .

La normalidad del desacuerdo en un Estado de Derecho

En ocasiones, el debate público futbolístico parece olvidar algo básico: que el desacuerdo entre instituciones no es una anomalía, sino una expresión normal del funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando dos organismos interpretan de forma distinta una norma o una competencia, existen cauces administrativos y judiciales para dirimir quién tiene razón.

Por eso, tampoco debería escandalizar a nadie que este caso termine, si procede, en los tribunales. No sería una “guerra”, ni una crisis del sistema, ni una ruptura institucional: sería simplemente el mecanismo ordinario para resolver un conflicto jurídico.

Un contexto que no debe confundir

Es cierto que el asunto se produce en un clima ya tensionado por el viejo debate sobre los partidos en viernes y lunes. Pero la coincidencia temporal no debe inducir a error: el caso Rayo-Oviedo no comparte ni la naturaleza ni la intensidad de los enfrentamientos que marcaron etapas anteriores del fútbol español.

Entonces hubo choques estructurales y estrategias de confrontación pública. Hoy lo que existe es, simplemente, una diferencia interpretativa entre órganos técnicos. Y conviene llamarlo por su nombre.

Porque si algo necesita el fútbol español es precisamente lo contrario del dramatismo permanente: normalizar que las instituciones puedan discrepar, tramitar sus conflictos por las vías legales y resolverlos sin convertir cada desacuerdo en una crisis sistémica.

En definitiva, el caso Rayo-Oviedo no es una guerra, es, sencillamente, derecho en funcionamiento.