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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha dado un paso relevante en la ofensiva de LaLiga contra la piratería audiovisual, según adelanta Cordopolis.
El juez estima una demanda presentada por la patronal del fútbol profesional para identificar a usuarios que consumen partidos de manera ilegal a través de Internet. El auto, firmado el 18 de noviembre por el magistrado Antonio Fuentes Bujalance y al que ha tenido acceso Cordopolis, ordena a varias operadoras la entrega de datos personales de clientes vinculados a direcciones IP sospechosas.
En concreto, el juez reclama a Vodafone, MasOrange, Orange, MásMóvil, Digi y Telefónica que faciliten nombres y apellidos, direcciones electrónicas y postales, así como el número de DNI de los titulares de IPs desde las que se detecte el uso de servicios P2P para acceder a partidos de la Liga de Fútbol Profesional sin permiso. El objetivo, según el auto, es “habilitar un acceso de información necesaria” para que LaLiga decida si inicia acciones legales.
La resolución se enmarca en la estrategia intensificada de LaLiga contra el fútbol pirata, que incluye medidas controvertidas como ofrecer recompensas económicas a quienes denuncien retransmisiones ilegales en bares. Llega además en un contexto de tensión por los bloqueos masivos de páginas web y servicios digitales, derivados de órdenes judiciales que permiten cortar grandes volúmenes de tráfico cuando se detecta contenido pirata.
El magistrado se declara competente para conocer el caso al considerar probable, según informes periciales de LaLiga, que los presuntos delitos contra la propiedad intelectual se estén cometiendo también en la provincia de Córdoba. Por ello, entiende que la diligencia preliminar solicitada es adecuada y amplía la investigación a toda la temporada de Liga, desde el 17 de agosto de 2025 hasta el 24 de mayo de 2026.
El auto establece que las operadoras deberán entregar directamente a LaLiga un fichero con los datos solicitados a través de un canal seguro, sin pasar previamente por sede judicial. Además, amplía las diligencias a las IPs detectadas por participar en canales espejo de Ace Stream vinculados a las retransmisiones ilegales.
Para justificar la competencia territorial, el juez argumenta que Internet no tiene fronteras claras y que el acceso a contenidos deportivos es universal, por lo que los efectos de la infracción también se producen en Córdoba. En su resolución, adopta una interpretación moderna del concepto de “ejemplar ilícito”, que incluye contenidos audiovisuales digitales, y sostiene que si un usuario se conecta desde Córdoba para ver una señal ilegal, la infracción se comete en ese lugar.
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