Comisión Europea y Rusia, sanciones a medias y principios selectivos

La Comisión Europea vuelve a moverse en un terreno incómodo, ese en el que los discursos grandilocuentes chocan con la realidad de los intereses económicos. Esta semana lo ha hecho con una doble decisión que evidencia una preocupante falta de coherencia: por un lado, anuncia que prohibirá las importaciones de gas ruso… pero no hasta finales de 2027; por otro, se muestra tajante al rechazar cualquier levantamiento del veto deportivo a Rusia y Bielorrusia. Principios firmes en el fútbol, pragmatismo calculado en los negocios.

Resulta difícil no ver aquí una doble vara de medir. La Unión Europea reconoce implícitamente que sigue necesitando el gas ruso durante al menos tres años más. No es una ruptura inmediata ni una sanción total, sino una transición cómoda, pactada y dilatada en el tiempo para no poner en riesgo la estabilidad energética ni económica del continente. Rusia, mientras tanto, seguirá ingresando miles de millones gracias a ese mismo mercado europeo que dice querer aislarla.

Sin embargo, cuando el debate se traslada al ámbito deportivo, el tono cambia radicalmente. El comisario europeo de Deporte, Glenn Micallef, rechaza la propuesta de Gianni Infantino de permitir el regreso de Rusia y Bielorrusia a las competiciones internacionales porque la agresión a Ucrania continúa. “El deporte refleja lo que somos y a quién decidimos defender”, afirma. Una frase potente, cargada de valores… pero que suena hueca cuando se contrasta con la política energética de la propia Unión.

Porque si el deporte refleja lo que somos, el comercio también. Y en ese espejo, Europa no sale precisamente reforzada. Mantener relaciones económicas con Rusia mientras se le cierra la puerta en el fútbol transmite un mensaje contradictorio: estamos dispuestos a convivir con el agresor cuando hay contratos, infraestructuras y precios de por medio, pero no cuando se trata de competiciones deportivas y gestos simbólicos de alto impacto mediático.

Nadie discute que el deporte tenga un valor político y social, ni que las sanciones deportivas puedan ser una herramienta de presión. Lo que chirría es que se utilicen como sustituto moral de decisiones mucho más contundentes que no se toman en otros ámbitos. Vetar a una selección es fácil; cortar de raíz los flujos económicos que alimentan al mismo Estado al que se sanciona, no tanto.

La postura de la Comisión Europea acaba pareciendo más una estrategia de imagen que una defensa coherente de principios. Se protege el relato —Europa firme, Europa ética, Europa comprometida— mientras se gana tiempo para seguir comprando gas y evitar sobresaltos internos. El castigo se aplica donde cuesta menos y se pospone donde duele más.

Así, el mensaje que se envía es peligroso: los valores son innegociables… salvo cuando entran en conflicto con los intereses. Y en esa contradicción, el deporte acaba siendo rehén de una política que exige pureza moral en el césped mientras acepta ambigüedad en los despachos. Si Europa quiere ser creíble, tendrá que decidir si sus principios son globales o solo aplicables cuando resultan cómodos.