No puede ser, el RCD Stadium se salva otra vez

La decisión del Comité de Disciplina de no clausurar el estadio del Espanyol tras los graves incidentes protagonizados en el partido ante el Girona resulta difícil de comprender y, sobre todo, de justificar.

Durante el encuentro, varias botellas fueron lanzadas al terreno de juego desde la grada, una de ellas impactando directamente en la cabeza del portero Paolo Gazzaniga. No se trata de un hecho menor ni aislado, y mucho menos cuando hablamos de una afición con antecedentes similares.

El fútbol español lleva años proclamando tolerancia cero con la violencia en los estadios. Sin embargo, resoluciones como esta vacían de contenido ese discurso.

Si que un objeto golpee a un futbolista en la cabeza no es motivo suficiente para una sanción ejemplar, la pregunta surge de forma inevitable: ¿dónde está el límite? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se actúe con firmeza? La sensación que queda es profundamente inquietante.

El Comité ha optado por minimizar el alcance de lo sucedido, escudándose en interpretaciones reglamentarias y en una aparente falta de gravedad suficiente.

Pero el problema no es solo lo ocurrido en ese partido concreto, sino el contexto. La reincidencia debería ser un agravante claro, no un matiz que se diluye en resoluciones tibias. Castigar con contundencia no es ir contra un club o una afición, sino proteger a los protagonistas del juego y al propio fútbol.

El mensaje que se lanza con esta decisión es demoledor: se puede lanzar objetos al campo, se puede poner en riesgo la integridad física de los jugadores, y aun así no pasa nada relevante.

Esa impunidad es el caldo de cultivo perfecto para que los comportamientos violentos se repitan y escalen.

Si las instituciones no actúan cuando la línea roja ya ha sido claramente cruzada, pierden toda autoridad moral para exigir civismo en las gradas. Y el fútbol, una vez más, sale perdiendo.