Las feministas reclaman reformar las leyes trans de las CCAA en pro del juego limpio

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD), al ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a todas las consejerías de deporte la revisión y modificación de las leyes trans autonómicas, para garantizar el juego limpio en las competiciones femeninas.

El colectivo reclama en una carta remitida que el reconocimiento en la "Guía de salud de la mujer deportista", presentada por el CSD en diciembre de 2025, "de las relevantes diferencias biológicas entre mujeres y hombres, debe traducirse en reformas que protejan las categorías deportivas de las mujeres".

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres se compone de feministas contrarias a eliminar la categoría sexo de la legislación y la estadística y denuncia que las leyes trans autonómicas permiten la participación en competiciones femeninas basándose en la autodeterminación de sexo, sin atender a la evidencia científica sobre las diferencias biológicas entre mujeres y hombres que son relevantes para el deporte.

En un comunicado, el colectivo afirma que su iniciativa es compatible con la demanda de derogación de las leyes de autodeterminación del sexo o leyes trans, apoyada en la citada guía, "un documento oficial que reconoce que la biología femenina influye de forma determinante en el rendimiento deportivo, la salud y el riesgo de lesiones, y que existen diferencias fisiológicas y biomecánicas entre hombres y mujeres que tienen impacto directo en la competición deportiva".

"Estas evidencias, recogidas en un documento institucional del Gobierno, deben traducirse en políticas públicas coherentes, especialmente cuando están en juego derechos conquistados por las mujeres, como el acceso a competiciones deportivas en condiciones de igualdad y seguridad", demanda.

En su opinión, "reconocer las diferencias sexuales no es discriminación, sino una condición necesaria para garantizar la igualdad real".

"Permitir la participación de personas de sexo masculino en categorías femeninas no amplía derechos, sino que introduce desigualdades materiales, compromete el principio de juego limpio y puede afectar a la seguridad y a las oportunidades deportivas de mujeres y niñas, agrega.

La Alianza insiste en que el derecho de las deportistas a una práctica segura y equitativa debe blindarse en el ordenamiento jurídico y reclama también responsabilidad y coherencia a las fuerzas políticas con capacidad de gobierno, con mención expresa al Partido Popular.

"El PP ha defendido en distintas iniciativas la protección de las categorías deportivas femeninas, sin que en paralelo haya iniciado procesos para la reforma legislativa en las comunidades donde gobierna, y considera que existe margen político y jurídico para actuar ya desde el ámbito autonómico, sin esperar a reformas estatales", asegura.

Desde una perspectiva feminista, la Alianza insiste en que "la igualdad no puede construirse negando la realidad material del sexo y que las políticas públicas deben proteger a las mujeres como clase sexual, también en el ámbito deportivo".

"Un feminismo comprometido con la justicia social no puede renunciar a la evidencia ni a la igualdad real. Proteger el deporte femenino es una cuestión de derechos, no de ideología", concluye.