La extraterritorialidad futbolística de la Supercopa de España

En el vasto y a menudo imprevisible panorama del derecho deportivo contemporáneo, pocas instituciones logran ilustrar con tanta claridad la extraordinaria flexibilidad que pueden alcanzar las normas federativas cuando se alinean con intereses económicos de considerable magnitud.

La Supercopa de España, ese torneo que en teoría debería servir para coronar al mejor equipo del fútbol nacional en un ambiente impregnado de tradición patria, ha decidido, con una audacia que roza lo admirable, prescindir por completo de su propio territorio para buscar horizontes más amplios, más cálidos y, sobre todo, más rentables.

La edición de 2026, que en estos precisos días de enero se disputa en la imponente Ciudad Deportiva del Rey Abdalá en Yeda –un recinto con capacidad para 62.345 espectadores y dotado de todas las comodidades modernas–, representa ya la sexta ocasión consecutiva en que este certamen ostensiblemente español opta por la generosa hospitalidad del Reino de Arabia Saudí.

Debe tenerse presente que esta migración sistemática, que se consolidó definitivamente a partir de enero de 2020 tras un breve y casi anecdótico ensayo en la ciudad marroquí de Tánger, no obedece a imperativos climáticos insalvables ni a tradiciones ancestrales que exijan arena del desierto para validar un trofeo.

Muy al contrario, responde a un acuerdo contractual de naturaleza estrictamente económica que ha convertido la competición en un ingenioso y perfectamente legal ejercicio de extraterritorialidad voluntaria. El presente análisis pretende examinar, con la debida ironía que un fenómeno de esta índole merece y sin renunciar al rigor jurídico que corresponde a un comentario dirigido a colegas, cómo una supercopa nacional ha logrado emanciparse por completo de las fronteras de España sin que, paradójicamente, haya perdido ni un ápice de su denominación de origen protegida.

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