La sombra de la revelación de secretos sobre las sedes del Mundial 2030

La selección de los estadios que albergarán partidos del Mundial de fútbol de 2030 ha generado, en las últimas semanas, una controversia jurídica de notable calado. Lo que comenzó como una filtración periodística de correos electrónicos internos de la Real Federación Española de Fútbol ha derivado en una investigación penal por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, a través de la Policía Judicial, ha requerido documentación extensa y, lo que resulta especialmente significativo, la propia Federación ha aceptado personarse como parte perjudicada. El asunto, por tanto, trasciende el ámbito deportivo y plantea cuestiones de profundo interés para el derecho penal económico y la protección de la información reservada en organizaciones de gran dimensión.

En mayo de 2025, María José Tato, quien había formado parte del grupo de trabajo constituido por la Real Federación Española de Fútbol para preparar la candidatura española al Mundial 2030, presentó denuncia por la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La denunciante alegaba que varios medios de comunicación habían publicado correos electrónicos en los que, según su criterio, se evidenciaba una manipulación de las puntuaciones otorgadas a los estadios candidatos, con el aparente propósito de excluir al margen a la ciudad de Vigo.

La difusión de esos mensajes no era, sin embargo, el objeto directo de su denuncia. Lo que María José Tato ponía en el centro de su escrito era la filtración misma de documentos internos que, por su naturaleza, debían permanecer confidenciales. Todos los integrantes del grupo de trabajo habían suscrito, por exigencia expresa de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, un compromiso de confidencialidad que abarcaba la totalidad del proceso de evaluación de sedes.

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Diego Fierro Rodríguez