F. Europa Press
La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar al presidente del Barça, Joan Laporta, y al vicepresidente, Rafael Yuste, a raíz de la querella por estafa que presentó una mujer tras haber perdido los 100.000 euros que invirtió en sociedades vinculadas a ellos.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia ordena reabrir la causa, que archivó en su día el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, y practicar las diligencias necesarias para determinar si la inversora fue víctima de un "negocio criminalizado".
La mujer, representada por el abogado Pepe Oriola, se querelló además por estafa contra el economista Xavier Sala i Martín, exdirectivo del club, y el exdirector de TV3 y expropietario del CF Reus Deportiu, además de contra las empresas en las que invirtió el capital que asegura ha perdido.
Se trata de la cuarta querella presentada en los juzgados de Barcelona por supuestas estafas en inversiones en la sociedad con sede en Hong Kong CSSB Limited, lo que motivó la declaración de Laporta como investigado el pasado mes de enero ante otro juez de la capital catalana.
La querella que ahora se reabre fue archivada el pasado mes de junio, después de que la Fiscalía descartara que hubiera "engaño" en la inversión fallida y limitara el caso a una "una gestión desafortunada y un incumplimiento de las obligaciones contractuales".
En su auto, la sección sexta de la Audiencia recuerda que esta no es la primera querella presentada en Barcelona por hechos similares y que ya en esos otros casos los tribunales han resuelto que el archivo de la causa, sin practicar diligencias, constituía una "decisión prematura".
"Los argumentos no pueden basarse en intuiciones o en calificar sin más la inversión en arriesgada o especulativa en una suerte de mala gestión empresarial aceptada por la querellante a cambio de una presunta elevada rentabilidad", concluye la sala, que insta a llevar a cabo las diligencias necesarias para aclarar esas cuestiones.
Para el tribunal, en la querella se relatan varios hechos que podrían tener "trascendencia delictiva", como la falta de "información completa y veraz" sobre el destino de las inversiones, su "instrumentalización" a través de sociedades que ya presentaban "graves problemas de liquidez" o la "captación de capital apoyada casi en exclusiva en el prestigio social de los partícipes".
El auto hace también hincapié en el "ofrecimiento de una solvencia empresarial y económica que no se compadecía con la realidad", así como en "la suscripción como préstamo participativo o el compromiso de adquisición de acciones de una compañía extranjera cuando en realidad se trataba de préstamos sin más".
Para la sala, estos hechos sugieren "la existencia de elementos que cuestionan el mero incumplimiento civil y podrían dirigirse hacia el negocio criminalizado".
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