El exvicepresidente del Barça Jordi Mestre ha negado este viernes ante el juez que autorizara las comisiones de intermediación por el fichaje del futbolista Malcolm y que fuera suya la firma que figura en el contrato que amparaba esos pagos, que según la Fiscalía se acordaron a espaldas del club.
Según han informado fuentes jurídicas, Mestre, así como el exdirector general Barça Ignasi Mestre, han declarado como imputados ante el juez de Barcelona que investiga la denuncia que presentó la Fiscalía por un presunto desvío de 4 millones en comisiones e intermediaciones, a espaldas del club, en la etapa de Josep Maria Bartomeu como presidente.
La denuncia, que ha dado pie a la imputación de Bartomeu, deriva del informe 'forensic' que la junta actual del Barça, que encabeza Joan Laporta, remitió en 2022 a la Fiscalía y que detallaba distintas irregularidades contables relacionadas con la compraventa de jugadores.
En concreto, la Fiscalía acusa a Jordi Mestres de haber permitido, junto a otros directivos del club, el pago de comisiones por el traspaso de Malcolm, formalizado en julio de 2018, a unos intermediarios a los que el Barça no había contratado.
Firma escaneada
En su declaración, el investigado ha alegado que no es suya la firma que figura en el contrato por el que se acordaba pagar por el fichaje de Malcom a la empresa del comisionista Josep Maria Minguella y ha resaltado que la rúbrica que figura en el documento se añadió tras ser escaneada.
El exdirectivo del Barça ha explicado que cuando, a raíz del informe "forensic" presentado por Laporta supo por la prensa que se le relacionaba con ese pago de comisiones, remitió un burofax al club para pedir explicaciones sobre ese extremo.
El Barça le envió entonces los documentos relativos a la contratación y Mestre respondió con otro burofax en el que negaba haber firmado ese contrato, han añadido las mismas fuentes.
Según su defensa, ejercida por el abogado Andrés Maluenda, ni el Barça -acusación en la causa- ni la Fiscalía han aportado al proceso esos burofax que exculparían a su cliente.
En concreto, según la Fiscalía, el Barça firmó el 1 de julio de 2018 un contrato con Business Fútbol España para que intermediara en el fichaje de Malcom, que se concretó el 24 de julio de ese año, tras lo cual esta sociedad facturó 8,4 millones de euros al club azulgrana.
Según detalla la Fiscalía, el mismo día en que se oficializó el fichaje, Malcom firmó un acuerdo de intermediación con otra sociedad, Elenko Sports LTA, a la que el Barça pagó en abril de 2019 855.600 euros en concepto de intermediación para la contratación del futbolista brasileño.
En el fichaje del delantero brasileño, por el que el club azulgrana abonó al Girondins de Burdeos 41 millones de euros en julio de 2018, la Fiscalía sostiene que Bartomeu, "en connivencia, al menos" con el director de los servicios jurídicos Roman Gómez Ponti, Jordi Mestre y el entonces director general, Òscar Grau, "acordaron el abono a intermediarios con los que el club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para la contratación del jugador".
Por su parte, el exdirector general Ignasi Mestre ha respondido ante el juez por los cerca de dos millones de euros que el Barça pagó al abogado José Ángel González Franco por participar en el acuerdo entre el Barça, la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que la entidad azulgrana admitió dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva y aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros.
Según la Fiscalía, dichos pagos se realizaron sin que el letrado hubiese intervenido en la conformidad plasmada en el escrito de fecha 11 de julio de 2016, ya que en dicho escrito consta, como único letrado interviniente al ostentar la defensa letrada del Barcelona, el abogado Cristóbal Martell.
El exdirector general del Barça ha defendido la legalidad de esos pagos y ha aducido que el club tenía un "acuerdo verbal" con González Franco para remunerarle por el pacto alcanzado en el caso Neymar, pese a que no se formalizó en un contrato hasta marzo de 2016, cuando la conformidad estaba ya casi ultimada.
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