El Supremo confirma la nulidad de la ampliación de capital del Real Murcia de 2018

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la ampliación de capital del Real Murcia de 2018, arrastrando asimismo las posteriores que estaban pendientes en los juzgados, según informa Ángela Moreno en La Opinión de Murcia.

La consecuencia inmediata es la reducción del capital social a aproximadamente 178.000 euros y la conversión de más de 18 millones en deuda, pasando los actuales accionistas a la posición de acreedores del club.

Aunque Felipe Moreno intentó transmitir calma afirmando que, antes de entrar, compró dos lotes de acciones de Mauricio García de la Vega y que conserva más del 50%, la anulación no le afecta directamente en su persona, pero sí impacta de forma relevante al club en su estructura financiera y de gobierno.

El abogado del club, Higinio Pérez, debe diseñar un nuevo Plan de Reestructuración que minimice la nueva deuda superior a 18 millones y evite los errores del plan anterior. El reto no se limita a la deuda: la situación del capital social y las restricciones contractuales podrían dejar al club “estrangulado” si no se gestiona con precisión.

En 2022, Moreno y García de la Vega firmaron un contrato para la compra de las acciones del mexicano. Ese acuerdo se cumplió solo parcialmente porque Moreno no afrontó el segundo pago, quedándose con el 66%. Al no completarse el pago, García de la Vega conservó la capacidad de litigar y, tras el fallo del Supremo, quedaría con un capital de 45.000 euros sobre los 178.000, lo que lo situaría como segundo mayor accionista.

Además, el contrato incluye una cláusula que impide a Moreno ejecutar operaciones que diluyan a García de la Vega (por ejemplo, una operación acordeón o futuras ampliaciones de capital). Si, por contrato, no puede aprobar una nueva ampliación en Junta, el club podría quedar “en coma” societario al no poder recapitalizarse mediante esos mecanismos.

Ante este bloqueo, la vía más viable para Moreno es reabrir la negociación con García de la Vega para adquirir su paquete accionarial. Queda la incógnita de si el vendedor mantendrá los términos de 2022 o exigirá nuevas condiciones, ahora reforzado por la resolución judicial y por el hecho de que no puede ser diluido contractualmente.

Si no hay acuerdo, y aceptando el capital social resultante de 2018, Moreno se vería forzado a promover una ampliación de capital. Para evitar otra confrontación judicial, debería articular un esquema que compense a García de la Vega y preserve su porcentaje, o que le ofrezca un trato equivalente al resto, respetando sus derechos.

Existe la tentación de repetir una operación acordeón como la incluida en el Plan de Reestructuración presentado el año pasado, pese a la cláusula favorable a García de la Vega. Sin embargo, la Audiencia Provincial ya tumbó ese plan, y cualquier intento futuro deberá ajustarse estrictamente al principio de igualdad: no es válido perjudicar de forma general a acreedores y accionistas mientras Moreno mantiene sus créditos para capitalizarlos en exclusiva. Si desea capitalizar créditos en acciones sin desembolso adicional, deberá ofrecer condiciones equivalentes a todos los accionistas, que ahora son acreedores del club.