El Gobierno no impugnará la ley extremeña de profesiones del deporte ante el Constitucional

El Gobierno central no impugnará la Ley de Profesiones de Deporte de Extremadura ante el Tribunal Constitucional. Junta y Estado han llegado a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral que ha estudiado desde el pasado verano la constitucionalidad de esta norma, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 20 de octubre de 2015.

Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta señaló que tras las dudas sobre su adecuación a la Constitución de la ley 15/2015, “se ha celebrado un acuerdo con esta autonomía que ha permitido evitar el recurso de inconstitucionalidad al avenirse a las tesis defendidas por el Estado en respeto de sus competencias”. En idéntico sentido se manifestó en relación a la normativa riojana, mientras que si será recurrida la ley catalana al no haberse alcanzado acuerdo.

Los artículos que eran objeto de discrepancia por parte del Estado eran el 6, 7, 9 a 21, 24, disposición adicional primera y disposiciones transitorias primera, segunda y tercera. En gran parte de estos preceptos se exigía para el ejercicio de las profesiones reguladas el hecho de estar en posesión de determinadas titulaciones oficiales, aspecto este que el Gobierno de la Nación consideró contrario al artículo 149.1.30 de la Constitución que señala que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución”.

En diciembre pasado Conchi Bellorín indicó en una entrevista concedida a Iusport que la Junta estaba “a la espera de contestación sobre la propuesta de cambio sobre los artículos de la citada ley que estaban en cuestión”. Dos meses después y tras la respuesta afirmativa del Estado, el acuerdo se ha materializado. Aunque todavía se desconocen los términos del mismo (será publicado en los próximos días en el DOE y BOE), se espera que el nuevo texto regule de forma bastante más laxa la exigencia de dichas titulaciones, remitiéndose a la legislación estatal aplicable.

Una vez aprobada la modificación del articulado legal por la Asamblea de Extremadura, el ejecutivo autonómico aprobará el reglamento de desarrollo sobre el que ya se encuentra trabajando hace unos meses.