La prevención de la violencia sexual infantil en el deporte

En 2014 Jamie Dantzscher denunció a Larry Nassar, médico de la selección estadounidense de gimnasia. Lo que comenzó como un testimonio aislado terminó destapando una de las mayores crisis de abusos sistemáticos en la historia del deporte: más de 265 deportistas denunciaron agresiones sexuales perpetradas durante dos décadas. Entre las víctimas se encontraban figuras como Simone Biles, McKayla y Maroney Aly Raisman. Nassar fue condenado en 2018 a hasta 175 años de prisión

Dos años después, en 2016, el exfutbolista británico Andy Woodward rompió su silencio y desencadenó una avalancha: miles de casos de abusos cometidos por entrenadores en clubes de fútbol del Reino Unido salieron a la luz. Ese mismo año, una investigación en Países Bajos reveló que el 14% de adolescentes deportistas habían sufrido violencia sexual, el 75% violencia emocional y el 24% violencia física.

 Los datos internacionales son demoledoras: entre el 19% y el 45% de deportistas han sufrido acoso sexual según estudios en Estados Unidos, República Checa, Flandes, Noruega y Reino Unido. En España, entrenadores como Fernando Torres Baena (kárate), Miguel Millán (atletismo) y Manuel Briñas (fútbol) fueron condenados por abusar de menores. Y en 2023, el beso no consentido a Jenni Hermoso por Luis Rubiales ante millones de espectadores visibilizó cómo las dinámicas de poder y machismo en el deporte permiten conductas de abuso sexual incluso en el escenario más público imaginable.

Casos de abusos sexuales en los tribunales  

Esta realidad tiene su reflejo cotidiano en España, donde los tribunales juzgan con alarmante frecuencia casos de abusos sexuales perpetrados por entrenadores o personal del equipo técnico contra deportistas menores de edad.

Actualmente, la Audiencia Provincial de Alicante juzga a un entrenador de baloncesto acusado de abusar de diecinueve jugadoras de entre trece y diecisiete años. Los hechos, ocurridos entre 2021 y 2022, siguen un patrón conocido: contactos físicos inapropiados durante entrenamientos, abrazos y tocamientos en cintura, caderas y glúteos, conversaciones privadas a través de redes sociales, intentos de quedarse a solas con las menores y, en el colmo de la manipulación, solicitudes de fotografías de pechos desnudos bajo pretextos insólitos. La Fiscalía solicita sesenta y un años de prisión.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reducido de seis años y tres meses a tres años y nueve meses la condena a un entrenador de fútbol de Almería que abusó sexualmente de una menor de catorce años. Los atenuantes aplicados —confesión tardía y una indemnización de 2.500 euros calificada como "reparación del daño muy cualificada"— han provocado indignación social y evidencian las grietas de un sistema judicial que no prioriza el interés superior de los menores como ordena la ley.

Lo que dice la ley

El Código Penal español es claro. El artículo 181 castiga los abusos sexuales a menores de 16 años con penas de hasta 10 años cuando hay prevalimiento de autoridad. Un entrenador es, por definición, esa figura de autoridad. La Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del "solo sí es sí", establece que sin consentimiento libre y consciente en mayor de dieciséis años no hay contacto legítimo; en menores de esta edad siempre es agresión sexual. El caso es que en una relación donde una persona tiene autoridad sobre otra no hay lugar para el consentimiento sexual libre.

La solicitud de fotografías íntimas constituye delito específico según el artículo 183 ter del Código Penal: acoso sexual telemático a menores o "child grooming". No hace falta que la menor envíe las imágenes. Basta la petición. El Tribunal Supremo lo ha dejado claro: el delito se consuma con la propuesta.

Además, la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia obliga a todas las organizaciones que trabajan con menores a adoptar políticas de buen trato y protocolos de actuación. No es opcional. Es obligatorio desde 2021. Sin embargo, entre la ley escrita y la ley aplicada hay un abismo. Según datos del Ministerio de Igualdad, el 15% de los abusos sexuales a menores en España son cometidos por entrenadores o profesores.

La responsabilidad también es de los clubes

Los clubes y federaciones no pueden seguir refugiándose en la buena fe. La certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, obligatoria desde 2015, es insuficiente. Se necesita la implantación de protocolos de prevención de violencias sexuales y formación específica y acreditada en este ámbito, actualizada periódicamente y con evaluaciones de cumplimiento.

Los mecanismos de supervisión no pueden depender de las quejas de las madres y padres. Hacen falta observaciones aleatorias de entrenamientos, entrevistas periódicas con las y los menores deportistas sin presencia del entrenador, canales de denuncia confidenciales accesibles directamente para los menores, y protocolos de actuación inmediata ante cualquier señal de alarma.

Desde el enfoque del interés superior de los menores, es fundamental incorporar la perspectiva de género en estos protocolos. El acoso sexual en el deporte no es un problema de individuos desviados, enfermos o monstruos; sino una manifestación de dinámicas de poder machistas que permean todas las instituciones. Las jugadoras del caso de Alicante son adolescentes en un contexto donde la asimetría de poder se refuerza con estereotipos de género que normalizan ciertos contactos físicos o comentarios sobre sus cuerpos.

Proteger a las deportistas menores requiere transformar las culturas deportivas, cuestionar las jerarquías autoritarias y formar profesionales conscientes de las implicaciones de su posición de autoridad.

Minimizar las oportunidades para el abuso

Las 19 jugadoras de San Vicente del Raspeig confiaban en su entrenador. Las 265 gimnastas estadounidenses confiaban en Larry Nassar. Esa confianza fue el arma que usaron contra ellas.

Evitar que vuelva a ocurrir no requiere leyes nuevas. Requiere que los clubes y federaciones cumplan el deber de diligencia debida frente a los menores y su seguridad. Que los padres y madres exijan a estos organismos protocolos escritos y estrictos antes de inscribir a sus hijas e hijos. Que los entrenadores entiendan que su autoridad y función tiene límites infranqueables. Porque los abrazos y los besos son manifestaciones de afecto íntimo. Los mensajes privados no son cercanía. Quedarse a solas con una menor no es confianza. Estas conductas podrían ser oportunidades para el abuso, y esas oportunidades deben eliminarse.

El deporte debe ser un espacio de desarrollo, aprendizaje y disfrute, nunca un territorio de miedo ni de impunidad para los depredadores. La infancia es nuestra única patria y debemos proteger a nuestras niñas y niños de toda forma de violencia.