El Fiscal acusa a Bartomeu de causar un perjuicio millonario al Barça en tres operaciones

La Fiscalía de Barcelona acusa al expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu de desviar comisiones millonarias por intermediaciones, a espaldas del club, por el fichaje del futbolista Malcolm, la causa penal abierta por la contratación de Neymar y las obras del Espai Barça.

La denuncia, que ha dado pie a la imputación de Bartomeu y otros miembros de su directiva, deriva del informe 'forensic' que la junta actual del Barça, que encabeza Joan Laporta, remitió en 2022 a la Fiscalía y que detallaba distintas irregularidades contables relacionadas con la compraventa de jugadores, que el club cifró en 30 millones de euros, una cantidad que el ministerio público rebaja ahora, al ver sospechosas solo tres de las operaciones.

En concreto, la denuncia, que investiga el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, acusa a Bartomeu y a otras diez personas de un delito de administración desleal por haber pagado comisiones irregulares en tres operaciones vinculadas al club, omitiendo sus "deberes de diligencia y lealtad" del patrimonio del Barça, "usurpando" una capacidad de decisión que correspondía a la junta directiva y ocultándoselo a esta.

La denuncia ahonda en los pagos que Bartomeu autorizó sin el conocimiento de su junta directiva en la comisión del fichaje del brasileño Malcom, los honorarios de un abogado por la sentencia judicial del fichaje del brasileño Neymar y el pago de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las supuestas afectaciones en sus instalaciones del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores.

En el fichaje del delantero brasileño, por el que el club azulgrana abonó al Girondins de Burdeos 41 millones de euros en julio de 2018, la Fiscalía sostiene que el presidente, "en connivencia, al menos", con el director de los servicios jurídicos Roman Gómez Ponti, el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y el director general, Òscar Grau, "acordaron el abono a intermediarios con los que el Club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para la contratación del jugador".

Una comisión de 8,4 millones de euros

En concreto, según la Fiscalía, el Barça firmó el 1 de julio de 2018 un contrato con Business Fútbol España para que intermediara en el fichaje de Malcom, que se concretó el 24 de julio de ese año, tras lo cual esta sociedad facturó 8,4 millones de euros al club azulgrana.

Según detalla la Fiscalía, el mismo día en que se oficializó el fichaje, Malcom firmó un acuerdo de intermediación con otra sociedad, Elenko Sports LTA, a la que el Barça pagó en abril de 2019 855.600 euros en concepto de intermediación para la contratación del futbolista brasileño.

La Fiscalía apunta además que el Barça presentó una declaración complementaria por valor de 2,9 millones de euros de los ejercicios 2018-21, ante la posibilidad de que hubiese realizado abonos por terceros para cubrir los pagos comprometidos por Businnes por servicios no pactados con el club y se hubiese alterado el régimen legal de retenciones, porque no firmó ningún acuerdo con Elenko.

De esta forma, sostiene la Fiscalía que en esta operación "se podría haber causado un perjuicio al FC Barcelona como consecuencia del abono de recargos e intereses derivados de las retenciones no practicadas".

Un pago de 1,7 millones a un abogado en el "caso Neymar"

La Fiscalía denuncia también el pago de 1,7 millones de euros, supuestamente indebidos, al abogado José Ángel González Franco por participar en el acuerdo entre el Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que la entidad azulgrana admitió dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva y aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros.

Dicho acuerdo también incluyó el archivo de la causa para Josep Maria Bartomeu y el expresidente Sandro Rosell.

Según el escrito de la Fiscalía, "dichos pagos se realizaron sin que dicho letrado hubiese intervenido en la conformidad plasmada en el escrito de fecha 11 de julio de 2016, por cuanto en dicho escrito consta, como único letrado interviniente al ostentar la defensa letrada del Barcelona", el abogado Cristóbal Martell.

Según la denuncia, José Ángel González Franco "tenía perfecto conocimiento del conflicto de intereses existente entre los intereses de la persona física por él defendida, Bartomeu, y los intereses propios del Barcelona como persona jurídica, que ya venía siendo defendida por el letrado Cristóbal Martell".

Un "injustificado trato de favor" al Laietà

La tercera operación investigada está relacionada con la puesta en marcha del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores que todavía está en marcha.

En julio de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona dio luz verde a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para que el proyecto de remodelación pudiera ejecutarse.

El ámbito de ejecución del MPGM no afectaba a los terrenos e instalaciones del Club Esportiu Laietà, una organización deportiva privada, sin ánimo de lucro, ubicada en el barrio de Les Corts, cerca de las instalaciones del estadio del Barcelona.

La junta directiva liderada por Josep Maria Bartomeu acabó pagando cerca de 1,5 millones de euros por las "futuras molestias" que las obras podrían ocasionar al Laietà y "por la utilización de las instalaciones por parte de los empleados" del Barcelona.

En relación con este caso, la Fiscalía señala que Bartomeu "habría ocultado" aspectos de dicha operación a sus compañeros de la junta directiva "en connivencia, al menos," con otros cuatro ejecutivos.

En ese sentido, la Fiscalía argumenta que el entonces presidente "infringió conscientemente las obligaciones inherentes a su posición, proporcionando un injustificado trato de favor" al Club Esportiu Laietà "al acordar el pago de cantidades por importe de 1.499.732 euros por supuestos perjuicios no justificados".