Pasividad del COI y la UCI, y utilización política de un verdadero drama humanitario

La certeza de que en Gaza se está cometiendo un genocidio no debería haber impedido que la Vuelta se desarrollara al completo bajo la protección del Estado, incluida su última etapa y la entrega de los premios, actos ambos cancelados por la deriva violenta de las protestas.

El detonante, como es sabido, fue la presencia del equipo Israel Premier Tech en la salida de Turín el pasado 23 de agosto. Un equipo que participaba amparado por el reglamento UCI al tener los puntos necesarios. Este argumento no convenció, sin embargo, al sector social que pensaba que “un estado genocida no debería participar” en la ronda, dato que no es exacto ya que se trata de un club privado.

Ciertamente, tiene razón el Gobierno español cuando critica la distinta vara de medir de las organizaciones internacionales, que en 2022 vetaron sin titubeos en todos los eventos deportivos a Rusia, tras la invasión de Ucrania, pero que no han hecho nada contra Israel frente a su desmesurada respuesta al también abominable ataque terrorista de Hamás en suelo israelí en octubre de 2023.

El Gobierno español debía respetar el derecho a protestar pero también tenía el deber de garantizar el correcto desarrollo del evento deportivo. Los hechos han demostrado que el primer derecho pudo ejercitarse pero el derecho a competir no.

Hay una opinión mayoritaria de que el presidente del Gobierno español se excedió en la previa de la última jornada de la Vuelta, al manifestar horas antes que “reconocía” la labor de los ciclistas pero que “admiraba” a aquellos que se manifestaban por la causa palestina. Esta intervención del presidente, que ya venía precedida de otras de sus correligionarios en la misma dirección, constituyó una utilización política de un drama humanitario, con una influencia clara en el fatal desenlace del evento, que acabó con la cancelación de la última etapa y 22 policías heridos.

Las protestas se impusieron a un control de seguridad que contaba con un despliegue que no se conocía desde la cumbre de la OTAN en 2022, pese a lo cual fue incapaz de garantizar el desarrollo del evento, lo que ha llevado al sindicato policial UFP a exigir responsabilidades.

En definitiva, estamos ante un hecho sin precedentes en las grandes vueltas que puede ser la mecha para alterar otras competiciones en un futuro inmediato si el COI y las federaciones internacionales no toman medidas.