Este artículo examina las consecuencias disciplinarias y sociales derivadas de la suspensión y posterior cancelación del partido disputado el 20 de agosto de 2025 entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, en el marco de la Copa Sudamericana organizada por la CONMEBOL.
A partir de los hechos públicos constatados, los comunicados oficiales de los clubes y el marco normativo aplicable, se analiza la noción de responsabilidad objetiva, las posibles sanciones previstas en el Código Disciplinario y otras disposiciones normativas, así como la discusión doctrinal en torno a la proporcionalidad y corresponsabilidad frente a episodios de violencia en el fútbol.
El estudio concluye que este caso no sólo ilustra los límites de la regulación disciplinaria, sino que también evidencia un desafío estructural para la legitimidad e integridad de las competiciones y la gobernanza deportiva en Sudamérica.
Hechos relevantes
El encuentro de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile se disputaba en el Estadio Libertadores de América, con un marcador parcial de 1–1 que mantenía en ventaja global al club visitante.
Durante los primeros minutos del segundo tiempo, se registraron incidentes graves en el sector destinado a la hinchada chilena incluyendo lanzamiento de objetos, incendios de butacas y daños en instalaciones sanitarias.
Estos hechos derivaron en enfrentamientos con la hinchada de Independiente, generando una situación de inseguridad generalizada que imposibilitó la continuidad del partido.
Ante la gravedad de los acontecimientos, el árbitro Gustavo Tejera decidió suspender el encuentro y, tras constatar que no era posible restablecer el orden, la CONMEBOL resolvió la cancelación definitiva “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido[1]”.
Diego Egaña Ibarra
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