El informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Vigo para analizar el posible amaño de la sedes del Mundial 2030 por parte de la Federación Española de Fútbol (RFEF) concluye que “se vulneró el principio de objetividad” en el proceso que dejó fuera a la ciudad gallega.
El informe jurídico elaborado por Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, señala que “los hechos podrían tener encaje en el delito de falsedad documental tipificado”, aunque no aprecia un “delito de prevaricación” al no ser un asunto administrativo.
No obstante, para confirmar esta calificación de manera concluyente, sería necesario, puntualiza, “acceder a los documentos presuntamente alterados y a los documentos de trabajo supuestamente utilizados, acceso que no ha sido posible por el rechazo de la RFEF a entregarlos, plenamente documentado mediante acta notarial”.
El informe, firmado por el catedrático de Derecho Administrativo, Eduardo Gamero Casado, desaconseja al Ayuntamiento de Vigo iniciar actuaciones por la vía penal porque “el inicio actuaciones penales conllevaría ineludiblemente la suspensión del resto de vías hasta tanto se resolviera el proceso penal, cuyo resultado, además, es incierto
“Esta situación -añade- provocaría un retraso en las actuaciones que afectaría negativamente la designación de la candidatura de Vigo como sede del Mundial 2030, principal interés del Concello de Vigo”.
En este sentido, el despacho de abogados apunta que, tras la renuncia de Málaga, Balaídos debe incorporarse de forma automática a la candidatura porque “es la ciudad suplente con más puntuación”.
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