Madrid defiende la solidez del circuito de F1 tras el segundo recurso

La alcaldesa en funciones Inma Sanz, ha defendido la solidez técnica y jurídica del proyecto del circuito de Fórmula 1 tras conocerse que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha admitido a trámite un segundo recurso de la Plataforma Ecologista Madrileña contra la licencia de construcción.

Durante una visita a Moratalaz, Sanz ha subrayado que el plan especial aprobado por el Ayuntamiento está "absolutamente trabajado y avalado por los servicios técnicos" con 131 informes.

Según ha explicado, dichos informes no proceden únicamente del Consistorio, sino también de “otros organismos, tanto de la Administración General del Estado como de la Comunidad de Madrid”.

Desde el punto de vista del Ejecutivo local, se trata de un proyecto que “es bueno para la ciudad” y que tendrá un impacto positivo en los próximos años, por lo que respetan las actuaciones judiciales pero no consideran que exista fundamento para paralizar el proceso.

“Entendemos que está muy bien hecho por los servicios técnicos”, ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá defendiendo la legalidad del procedimiento administrativo.

El nuevo recurso, presentado a través de la Plataforma Ecologista Madrileña, formada por ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, se dirige contra la licencia otorgada para construir el circuito y sus instalaciones complementarias.

Las obras, iniciadas en abril, ya han provocado, según la plataforma, la “destrucción de humedales” en la parcela norte de IFEMA, próxima a Valdebebas.

El primer recurso, admitido a trámite el 27 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, impugnaba el Plan Especial de reordenación del recinto ferial.

Ahora, la plataforma ha vuelto a denunciar que el proceso ha sido “complejo, fragmentado y poco transparente”, al haberse tramitado por separado el Plan Especial para modificar la ordenación urbanística del recinto ferial y el proyecto del circuito como tal.

Según los ecologistas, esto ha dado lugar a un "un auténtico puzle de difícil encaje jurídico y urbanístico" que impide evaluar correctamente los impactos acumulados del conjunto.

Además, critican el uso de licencias temporales y por fases, amparadas en una modificación de la Ley Ómnibus autonómica de 2022, lo que, en su opinión, supone una “grave falta de rigor urbanístico y ambiental” para una infraestructura que tiene un coste estimado de casi 190 millones de euros.

La Plataforma Ecologista Madrileña mantiene su compromiso de utilizar "todas las vías legales disponibles" para frenar lo que considera una "amenaza ecológica, urbanística y social para Madrid".