El Consell de Mallorca también se opone a la reforma sobre el alquiler de los barcos

El Consell de Mallorca ha manifestado este jueves su rechazo a la decisión del Gobierno de autorizar el alquiler turístico de embarcaciones de recreo privadas y ha exigido la "retirada inmediata" de este permiso.

La institución insular ha denunciado que esta medida, "adoptada de manera unilateral sin tener en cuenta la especificidad de los territorios insulares, socava los esfuerzos locales por lograr una gestión turística sostenible y amenaza la convivencia entre residentes y visitantes", asegura en un comunicado.

Según la institución, la decisión del Gobierno tiene dos efectos "críticos" para el Consell, empezando por el hecho de que supone una grave falta de previsión y genera una nueva "bolsa" de oferta turística náutica que nunca fue considerada en los análisis previos de presión turística.

Además la autorización queda "fuera del radar de la administración competente en turismo", que es el Consell de Mallorca, lo que añade "una enorme complejidad para su control y sanción".

El conseller de Turismo, Marcial Rodríguez, ha asegurado que esta resolución del Gobierno "supone un retroceso en las medidas que se están implantando" y "afecta directamente a la capacidad de carga de la isla".

Rodríguez ha criticado anuncios como éste "provocan una situación de tensión innecesaria en la sociedad mallorquina, que percibe cómo los esfuerzos por contener la masificación son invalidados por administraciones superiores que ignoran la realidad local".

Según el conseller, esta situación demuestra que los estudios sobre la capacidad de carga en territorios insulares deben incluir, "de manera imperativa", el impacto sobre el litoral.

Rodríguez ha recalcado que la carga turística no se limita a las plazas hoteleras: "Debe medirse por el número total de personas que un territorio puede soportar, considerando todas sus actividades y su impacto en el medio, incluido el mar".

Ha insistido en que, la nueva normativa estatal "añade una presión adicional que hasta ahora no estaba cuantificada, comprometiendo la sostenibilidad de la costa".

“Desde Mallorca llevamos dos años luchando contra la oferta ilegal en la isla, opere en el campo que opere, lo que nos ha permitido lograr importantes avances y medidas como esta suponen un retroceso a todo lo conseguido”, ha añadido Rodríguez.

Según el conseller, la decisión del Gobierno central "va en la línea impulsada por los últimos gobiernos de izquierda en Mallorca, que durante 8 años crearon más de 90.000 plazas turísticas, afectando gravemente la convivencia al provocar una proliferación descontrolada de oferta turística".

El Consell de Mallorca solicita al Gobierno que, además de retirar esta resolución, busque consenso previo para cualquier regulación futura que afecte al sector náutico o cualquier otro y que tenga alguna incidencia sobre la capacidad de carga del territorio insular.

"Debe contar con el consenso previo de las administraciones insulares y autonómicas, garantizando un enfoque responsable que proteja el frágil equilibrio de nuestro territorio", reivindica la institución insular.