Las patronales rechazan la reforma sobre alquiler de embarcaciones privadas

Las patronales náuticas integradas en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han expresado este jueves su rechazo al anuncio del Ministerio de Transportes de permitir el alquiler de embarcaciones de recreo privadas, conocidas como la lista 7, durante tres meses al año.

En concreto, el rechazo ha sido hecho público por la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENIB), la Asociación de Empresas de Chárter de las Islas Baleares (AECIB) y la Asociación de Instalaciones Náutico-Deportivas de Baleares (ANADE).

Estas asociaciones muestran su “profunda preocupación” por una medida que entrará en vigor el próximo 15 de agosto y que, según denuncian, normalizará el uso comercial de embarcaciones registradas de la lista 7 (uso particular).

Insisten en que los propietarios no podrán comenzar a alquilar directamente desde esa fecha, ya que el cambio exige una autorización expresa sujeta a requisitos técnicos, legales y administrativos específicos.

Desde las patronales se reclama a las administraciones una pronta y exhaustiva información, dirigida a usuarios, instalaciones portuarias e interesados, sobre las condiciones para obtener la mencionada autorización.

Las administraciones deben realizar una amplia difusión para evitar el ‘efecto llamada’ que puede desembocar en intrusismo profesional, desprotección de usuarios y competencia desleal frente a empresas establecidas en la lista 6, señalan.

Asimismo, reiteran su defensa de un modelo de gestión náutica balear riguroso, ordenado y sostenible.

Consideran “muy importante” y “urgente” la aprobación del decreto autonómico de chárter, actualmente en tramitación por el Govern balear, que debe contar con el consenso del sector y aportar seguridad jurídica, claridad normativa y herramientas eficaces contra el intrusismo.

Según estas asociaciones, la lista 7 puede incrementar la competencia desleal, el descontrol y la inseguridad, en lugar de aportar valor.

Solicitan por ello que la medida se excluya en zonas con alta densidad náutica como Baleares, donde oferta y demanda se encuentran actualmente equilibradas y se dan episodios de saturación en determinados momentos y áreas.

Las patronales reclaman también a las administraciones el refuerzo de la vigilancia marítima para proteger a los usuarios, hacer cumplir la normativa y preservar buenas prácticas que protejan el litoral balear.

Finalmente, sostienen que lo que puede ser beneficioso en otras comunidades no necesariamente es aplicable al archipiélago balear, al tiempo que piden el apoyo de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Estas entidades defienden un modelo orientado a la seguridad, la profesionalización del sector, la sostenibilidad ambiental y la protección costera, frente a una competencia desleal que puede provocar medidas como la anunciada por el Gobierno.