Sin votación sobre el sistema arbitral no hay votos que revelar

El archivo de la denuncia interpuesta por el Real Madrid contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, por la supuesta revelación de votaciones en una Asamblea, pone de manifiesto una profunda disyuntiva entre la percepción pública y la realidad jurídica. Me sugiere que este caso, aunque aparentemente limitado al ámbito deportivo, trasciende su contexto para convertirse en un punto de reflexión sobre la naturaleza del consentimiento colectivo. La controversia se originó en una declaración de Tebas en la red social X, donde afirmó que el Real Madrid había votado en contra de revisar el sistema arbitral durante una Asamblea de LaLiga el 19 de abril de 2023.

La declaración de Tebas, amplificada por la inmediatez de la plataforma digital, generó una narrativa que interpretó el acto como una "revelación de voto". Esto llevó al Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, a reaccionar con firmeza, aclarando que no se había realizado una votación formal, sino una encuesta anónima destinada a pulsar las opiniones de los clubes sobre cuestiones arbitrales. La rapidez con la que la información se difundió en redes sociales creó una percepción pública que no se correspondía con la realidad jurídica del acto.

El Tribunal Administrativo del Deporte (en adelante, TAD), bajo la instrucción del abogado del Estado Jaime Caravaca, resolvió archivar la denuncia con un argumento claro: al no haber existido una votación formal, no se reveló el sentido del voto de nadie, y, por tanto, no podía imponerse sanción alguna. Entiendo que esta resolución no es un simple tecnicismo, sino una afirmación de la primacía de los requisitos jurídicos sobre las narrativas mediáticas. La decisión subraya que la "encuesta anónima" de LaLiga carecía de los elementos esenciales de una votación, como la formalidad y el carácter vinculante.

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Diego Fierro Rodríguez