Así operaba el condenado a dos años que aparentaba vender fútbol legal por TV

Este jueves informamos en IUSPORT de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de La Coruña condenando a dos años de prisión, multa e inhabilitación profesional, a un individuo por distribuir, comercializar y dar acceso no autorizado al visionado de partidos de fútbol de LaLiga, que fue quien lo denunció, en locales de hostelería durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

La condena es por un delito continuado relativo al mercado y a los consumidores, de falsedad en documento privado y establece dos años de prisión, una multa económica, inhabilitación profesional en el ámbito de las telecomunicaciones y televisión de pago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el decomiso de diversos efectos tecnológicos intervenidos.

El acusado se dedicaba a la venta de servicios de telecomunicaciones ocultando, tanto a la compañía distribuidora para la que trabajaba como a la entidad de telecomunicaciones, su actividad ilícita relacionada con la comercialización de partidos de fútbol.

Además, falsificó documentación y creó una página web con el objetivo de simular legalidad y promocionar sus servicios ilegales, causando un grave perjuicio a los legítimos titulares de los derechos audiovisuales.

Pues bien, a continuación vamos a exponer cuál era la operativa de este individuo, al que llamaremos Apolonio (nombre ficticio debido a la protección de datos) con todo lujo de detalles:

Este artículo desglosa cómo funcionaba su entramado fraudulento entre finales de 2018 y diciembre de 2019, los mecanismos empleados para dar apariencia de legalidad a su actividad y las consecuencias legales derivadas.

Contexto y perfil del condenado

Apolonio, mayor de edad y residente en A Coruña, carecía de antecedentes penales en España; sin embargo, contaba con trece condenas previas dictadas por tribunales suizos entre 2006 y 2017.

Durante el periodo investigado trabajaba como autónomo bajo contrato de agencia con una entidad comercializadora vinculada al operador MasMovil. Su labor se centraba en la venta de servicios básicos de telecomunicaciones: telefonía fija, móvil y acceso a Internet. Es importante destacar que MasMovil no estaba autorizado para ofrecer televisión por pago ni contenidos deportivos protegidos.

La génesis del fraude: demanda insatisfecha y plan ilícito

Los clientes solicitaban, además del acceso a internet, el servicio complementario del fútbol de pago, que Apolonio no podía proporcionar legítimamente debido a la ausencia de autorización expresa para ello.

Pues bien, consciente del vacío legal y aprovechando su posición dentro del sector, ideó un plan fraudulento consistente en ofertar partidos de fútbol muy solicitados mediante canales ilegítimos, ocultando esta realidad tanto a su operador MasMovil como a sus clientes.

Para lograrlo, creó una estructura que simulaba la existencia de una plataforma autorizada para la explotación comercial del fútbol protegido. Esta supuesta empresa ficticia —con denominación social real pero dedicada originalmente a actividades mecánicas automovilísticas— fue utilizada para dotar al fraude de apariencia formal y documental. Se usaron documentos oficiales falsificados o manipulados, incluyendo CIFs reales e imitaciones fraudulentas de firmas gerenciales sin consentimiento.

Mecanismos técnicos y comerciales empleados

En diciembre de 2018 se lanzó una página web desde la cual se ofertaba la instalación necesaria para acceder ilegalmente a canales deportivos restringidos. En ella aparecían contenidos promocionales obtenidos directamente desde plataformas legítimas, incluyendo vídeos publicitarios y logos oficiales que reforzaban la apariencia veraz del servicio ofrecido.

La operativa técnica se basaba en dispositivos denominados “Android Edmundo” o similares configurados específicamente para recibir señales IPTV provenientes de servidores clandestinos. Estos dispositivos permitían visualizar partidos tanto en directo como en diferido desde cualquier televisor o dispositivo compatible conectado a Internet mediante aplicaciones gratuitas diseñadas para tal fin.

Los pagos realizados por los clientes eran canalizados mediante terminales punto de venta (TPV) asociados a cuentas bancarias personales del acusado. Dicha modalidad dificultaba el rastreo posterior ya que las transacciones se mezclaban con contratos legítimos firmados bajo el paraguas comercial oficial con MasMovil.

Documentación falsa entregada al cliente y engaño contractual

Una vez aceptado el servicio, los clientes recibían dos contratos: uno legítimo, correspondiente al acceso legal contratado con MasMovil (telefonía e Internet), y otro falso donde figuraba como operador autorizado una entidad ficticia relacionada con Sky TV Media. Este último documento incluía logos corporativos imitados cuidadosamente para inducir error sobre la autenticidad del acuerdo.

Además, se proporcionaban instrucciones detalladas junto con los dispositivos instalados para garantizar un manejo adecuado sin despertar sospechas sobre la ilegalidad subyacente.

Impacto económico e infracción legal detectada

Por este esquema fraudulento Apolonio cobraba una cuota inicial de 300 euros, tres mensualidades gratuitas y posteriormente cuotas mensuales de 120 euros por cliente. El beneficio ilícito provenía tanto del incremento en contrataciones legales inducidas como del canon cobrado por el acceso ilegal al contenido futbolístico protegido.

El juez concluyó que esta práctica vulneraba gravemente los derechos exclusivos concedidos a operadores autorizados por LaLiga y otros titulares legítimos sobre la explotación audiovisual deportiva.

Esta exposición revela cómo las sofisticadas técnicas empleadas intentan camuflar actividades ilícitas bajo apariencias formales legales, afectando tanto al mercado audiovisual como al consumidor final que cree contratar un servicio legítimo.

Consecuencias legales y sociales del fraude

La actividad ilícita de Apolonio no solo tuvo repercusiones económicas, sino que también desencadenó un proceso judicial que culminó con una condena a dos años de prisión.

Esta sanción refleja la gravedad con la que el sistema judicial español aborda los delitos relacionados con la piratería audiovisual, especialmente cuando afectan a sectores tan regulados como el deportivo y las telecomunicaciones.

El caso subraya además la vulnerabilidad de los consumidores frente a ofertas fraudulentas que aparentan legalidad. Muchos clientes, atraídos por precios inferiores y la promesa de acceso a contenidos exclusivos, fueron víctimas de un engaño cuidadosamente orquestado, sin conocimiento real de la ilegalidad del servicio contratado.