"Cuestionar la presunción de inocencia es cuestionar el derecho de defensa"

El Consejo General de la Abogacía también ha salido en defensa de la presunción de inocencia y ha advertido de los "importantes riesgos" que acarrea el "cuestionamiento recurrente por parte de la política" sobre pronunciamientos judiciales como la sentencia que ha revocado la condena por violación a Dani Alves.

La comisión permanente de la Abogacía manifiesta en un comunicado su apoyo a la declaración institucional formulada este mismo martes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para apoyar a todos los jueces implicados en el caso del futbolista brasileño, en la que advierte a los políticos de su responsabilidad de preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Ambos órganos se han pronunciado en estos términos ante las críticas a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que han anulado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó a Alves por violar a una joven, una decisión tachada de "vergüenza" por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

La Abogacía subraya en su comunicado que cuestionar la presunción de inocencia supone "cuestionar el pilar en el que se basa el ejercicio del derecho de defensa", y hace hincapié en que el principio básico del Derecho es "que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario".

Ese es el fundamento que rige la actuación de los abogados, incide la Abogacía, que al mismo tiempo señala que los colegiados "han estado, están y estarán siempre con las víctimas de la violencia sexual y de género".

También llama la atención sobre "la importancia de que la ciudadanía reciba las resoluciones que emanan de los tribunales con los datos y la información precisa para que éstas sean comprensibles", pues "una información jurídica distorsionada se desliza hacia el terreno de la desinformación, generando un resultado indeseado en cualquier democracia".

La Abogacía Española mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Comisión Europea en el que se abordó el Informe Anual sobre el Estado de derecho y en el que quiso subrayar "los importantes riesgos que supone el cuestionamiento recurrente por parte de la política sobre los pronunciamientos de los jueces".