El Cabildo de Tenerife avaló el circuito del motor con un informe de impacto caducado

El Defensor del Pueblo ha vuelto a criticar el proceso seguido por el Cabildo de Tenerife para autorizar la construcción del Circuito del Motor en el sur de la isla, no solo porque considera que su declaración de impacto ambiental caducó en 2016, sino porque además no entiende por qué ni siquiera se han valorado cuestiones como el ruido que generará.

En el informe anual que ha presentado este martes a las Cortes, Ángel Gabilondo dedica un capítulo a las declaraciones de impacto ambiental en España, a su correcta aplicación y a una serie de prácticas con las que no está de acuerdo, apartado en el que cita el caso concreto del Circuito del Motor de Tenerife.

El Defensor del Pueblo advierte de que la declaración de impacto ambiental favorable que concedió a ese proyecto la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias el 30 de septiembre de 2011 caducó en 2016 por no haberse iniciado las obras en el plazo de cinco años al que estaba condicionado ese permiso.

Rechaza, en este sentido, que el Cabildo de Tenerife se agarre para sostener lo contrario en el hecho de que el acta de replanteo del proyecto menciona que "las obras se iniciaron el 22 de agosto de 2016", un mes antes de que venciera ese plazo, porque cree que ese acta pudo ser "un mero trámite para evitar la caducidad".

De hecho, subraya que no solo "se apuró el plazo de cinco años previsto en la declaración de impacto ambiental para levantar acta del inicio de las obras, sino que el departamento de carreteras del Cabildo de Tenerife se vio obligado posteriormente a resolver el contrato con el promotor por incumplimiento de sus obligaciones ante el 'evidente estado de abandono' en que se encontraban las obras".

"Recuérdese que, a efectos de determinar la vigencia de una declaración ambiental, no puede entenderse como el inicio de las obras la mera realización de unas primeras actuaciones si, después, las obras quedan paralizadas durante años", argumenta.

Las objeciones del Defensor contra esa declaración de impacto no se quedan en la forma o en los plazos, sino que atañen además al fondo, ya que tiene "serias dudas de que los impactos ambientales derivados de la construcción y funcionamiento del circuito hubieran sido debidamente evaluados en su momento y se hubieran impuesto al promotor todas las medidas correctoras necesarias para mitigarlos".

Y esas dudas, explica, se las genera "el contenido de la propia declaración de impacto ambiental del proyecto", que legalmente debería contener "una valoración de los principales impactos sobre el medio ambiente que pueden producirse durante la ejecución del proyecto y su explotación (en este caso, la construcción y el funcionamiento del circuito) y las medidas correctoras que el promotor del proyecto debe adoptar para evitar o minimizarlos".

En este contexto, subraya que "uno de los principales impactos" de un circuito de carreras es la contaminación acústica, aspecto al que la declaración de impacto no hace "ninguna referencia": ni respecto al ruido de las obras de construcción, ni tampoco al generado por "el funcionamiento del circuito, ni cómo va a incidir el notable incremento de la contaminación acústica en las viviendas más próximas a las instalaciones o en el entorno natural".

A su juicio, la legislación que regula estos procedimientos exige que ese tipo de impactos -en este caso el ruido que soportarán las viviendas más cercanas- se examinasen "antes de la autorización del proyecto", sin diferir su valoración a momentos posteriores.

El Defensor del Pueblo detalla además que, en enero de 2024, hizo una serie de sugerencias al Cabildo de Tenerife que este no ha atendido, como fue pedirle que consultase formalmente con el órgano ambiental del Gobierno de Canarias y que tomara medidas para completar la evaluación de impacto de 2011.

"El Cabildo de Tenerife comunicó que no consideraba necesario consultar al órgano ambiental autonómico ni realizar una modificación de la declaración de impacto ambiental para completarla", detalla, y todo ello con el argumento de que las modificaciones que ha sufrido el proyecto "no suponen cambios apreciables".

Sin embargo, la oficina de Ángel Gabilondo mantiene que la corporación insular sigue sin responderle sobre "la ausencia inicial de identificación correcta de los impactos del proyecto original, la consecuente insuficiencia de la declaración de impacto ambiental respecto a las condiciones y medidas correctoras impuestas originariamente y sobre la necesidad de completarla por este motivo, no por la modificación del proyecto".