La Federación de atletismo quiere condicionar las becas a la renuncia en caso de dopaje

La Federación Española de Atletismo ha pedido autorización al Consejo Superior de Deportes (CSD) para poder establecer una cláusula que prevea la renuncia, para los atletas que soliciten beca, al derecho a competir con las selecciones nacionales después de cumplir una sanción por dopaje.

Si los atletas se niegan a firmar, plantea la Federación, "los técnicos de la Federación tendrían una razón no recurrible para no convocarlos".

Como dice Carlos Arribas en El País, es la respuesta voluntarista de técnicos y atletas españoles a los escándalos de dopaje y corrupción internacionales que han afectado negativamente a la credibilidad de sus competiciones y, sobre todo, al propio malestar que sufren cuando no pueden evitar seleccionar a atletas cuyo pasado y actitud moral respecto al dopaje les repugna.

Según el citado medio, los servicios jurídicos del CSD estudian ya esta petición. Si el informe fuera favorable, la medida, que según Arribas encubre "una forma de sanción a perpetuidad para vestir la camiseta nacional", aún deberá ser aprobada por la junta directiva de la Federación española y por el propio CSD, y entraría en vigor antes de los Mundiales en pista cubierta de Portland (17 a 20 de marzo próximos).

Según Carlos Arribas, el atletismo español se ha inspirado en la idea lanzada por el presidente de la Federación británica, Ed Warner, quien anunció ante la Cámara de los Comunes en enero que estaba meditando una medida similar, y que, dado que nunca se había recurrido ante los tribunales, esperaba que superara todas las vallas jurídicas.

Pero la propuesta no es seguro que prospere. El mismo objetivo no lo consiguió la iniciativa puesta en marcha por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2008 de prohibir la participación en los Juegos Olímpicos de aquellos deportistas que hubieran cumplido una suspensión por dopaje de seis meses o más.

El Comité Olímpico de Estados Unidos recurrió y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) le dio la razón y obligó al COI a suprimir el artículo de la Carta Olímpica por considerar que suponía una doble sanción por un mismo hecho.