
En los últimos días, el arbitraje español está siendo objeto de intenso debate debido a grandes polémicas que han reavivado la discusión sobre la necesidad de una reforma estructural del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (CTA) y de todo lo que rodea al estamento arbitral. Asuntos tales como la reciente suspensión provisional del árbitro José Luis Munuera Montero por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a raíz de un presunto conflicto de intereses derivado de su vinculación con la empresa Talentus Sports. O el judicializado “Caso Negreira”, en el que se investiga el pago de más de 7,5 millones de euros al exvicepresidente del CTA, Enrique Negreira, por parte del F.C. Barcelona entre 2001 y 2018.
Ambos casos han puesto de manifiesto las deficiencias del actual modelo arbitral español y han impulsado un debate sobre la independencia del colectivo arbitral en comparación con otros modelos europeos más autónomos como los instaurados en Francia, Inglaterra o Alemania.
En España, el CTA es el órgano encargado de la designación, formación y evaluación de los árbitros en las competiciones oficiales. Órgano que depende directamente de la RFEF, lo que implica una relación de dependencia orgánica que ha sido objeto de críticas en términos de independencia.
Rubén Ramírez Muñoz
Abogado
Director Departamento Legal
Granada Club de Fútbol






















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