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La Federación de Vela de Castilla y León rechaza las acusaciones de "mala praxis" planteadas por la Real Federación Gallega de Vela, que ha interpuesto ante el Comité de Disciplina Deportiva de Federación Española de Vela (RFEV) una denuncia por el “incumplimiento” del reglamento nacional de licencias.
El director técnico de la Federación de Vela de Castilla y León, Ángel Puente Silvano, actual máximo responsable de la misma al encontrarse en proceso electoral, considera "falsas" las valoraciones hechas públicas por la federación gallega en un comunicado de prensa, tal como ha indicado en declaraciones a EFE.
Puente Silvano rechaza las acusaciones en las que se aludía a la reducción de las tasas por licencia con el fin de aumentar el número de afiliados y, de este modo, obtener beneficios en forma de mayores subvenciones e incluso con la posibilidad de poder interferir en futuros procesos electorales.
El responsable de la Federación de Vela de Castilla y León ha confirmado que el comité disciplinario está estudiando el posible incumplimiento del reglamento de licencias pero "en ambas federaciones", ha matizado, y por ello, considera que "se ha pretendido influir en una posible decisión con la denuncia en los medios".
Al mismo tiempo, ha lamentado el "uso espurio del nombre de la federación gallega por un interés personal del presidente" y confía en que el Comité de Disciplina Deportiva se pronuncie, aunque todavía no le ha dado traslado de la denuncia, ha indicado.
En su denuncia, la Real Federación Gallega de Vela sostiene que la Federación de Castilla y León está captando a deportistas gallegos debido al menor coste de su licencia deportiva, “tan sólo por una cuestión económica” porque la ubicación geográfica de la demandada “limita las acciones y eventos promocionales de este deporte a la vela ligera, ya que la práctica de la vela pesada o de Crucero es totalmente imposible al hallarse su principal club asociado, el Náutico de León, en las aguas interiores del embalse del Pantano de Luna”.
La gallega considera estos hechos un “delito grave”, que tiene como único objetivo “ganar” afiliados para obtener “un mayor número de subvenciones”, ya que esta medida atenta contra los objetivos de una federación autonómica según la Ley del Deporte, que se basan en la promoción y desarrollo del deporte en su territorio.
Y ha recordado que buena parte de quienes la han solicitado por la Federación de Castilla y León “ni están empadronados ni tienen ninguna vinculación directa con la práctica del deporte en dicha comunidad”.
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