El Partido Popular lleva al Congreso la cautelar concedida por el CSD al Barcelona

El Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados la medida cautelar concedida por el CSD al Barcelona para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

El PP considera que en una decisión gubernamental sin precedentes, y sobreponiéndose al criterio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y La Liga, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor en la que se solicitaba la suspensión de la cancelación de las licencias deportivas de dichos jugadores y su consiguiente desinscripción con arreglo al no cumplimiento en plazo de los requisitos de control económico de La Liga y a lo previsto en los artículos 130.2 y 141.5 del Reglamento de la RFEF.

Este acto, añade el PP, se ha llevado a efecto sin referencia alguna a los dos mencionados preceptos, y con la sola base legal del artículo 27 de la Ley del Deporte sobre la carrera profesional de los deportistas, fundamentos no apreciados por los dos órganos jurisdiccionales que denegaron con antelación tales medidas cautelares en el mismo caso.

El PP subraya que el pronunciamiento del CSD se ha producido sólo horas después de que la ministra Alegría declarara públicamente que el estudio de los 52 folios y 60 documentos de la pieza sería “un trabajo tedioso” y que la RFEF y LaLiga podrían formular alegaciones antes de la resolución de la medida cautelar, después de que una emisora de radio hubiera publicado la información filtrada de la resolución tal y como se produjo finalmente, indicando que esta decisión de carácter político podría haber estado ya decidida.

Por ello, Borja Sémper, Diputado por Madrid, Javier Merino, Diputado por La Rioja, Mercedes Cantalapiedra, Diputada por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, han presentado en el registro general del Congreso de los Diputados las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Sobre este asunto, formulan las siguientes preguntas:

"1.- ¿Tiene constancia el Gobierno del acuerdo de la Comisión de Control Económico de La Liga y los parámetros por los que se consideró que el F.C. Barcelona incumplía los requisitos presupuestarios del llamado “fair play”? ¿Tiene constancia el Gobierno del acuerdo de la RFEF de retirada de la licencia federativa a los jugadores Dan Olmo y Pau Víctor como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Control Económico de la Liga de incumplimiento del “fair play” por parte de dicho club?

2.- ¿Conocía la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes el sentido de la resolución del CSD antes de que este se pronunciara? ¿Está el Gobierno en condiciones de asegurar que la suspensión de la eficacia de un acto adoptado por los titulares de potestades administrativas delegadas se ha basado en criterios estrictamente jurídicos? ¿Se han producido conversaciones formales o informales de miembros del Gobierno o de alguno de los partidos en él representados con miembros de cualquier otro partido del arco parlamentario sobre el asunto? ¿Qué diálogo se ha mantenido con LaLiga y la RFEF respecto a la concesión de esta medida cautelar? ¿Existen mecanismos de consulta entre el CSD, LaLiga y la RFEF para supuestos similares y, en tal caso, se activaron para este supuesto?

3.- ¿Consideran el Gobierno y el CSD que el sistema de control económico de LaLiga queda de facto desactivado con esta decisión? ¿Qué impedirá a partir de ahora, a juicio del Gobierno y del CSD, que cualquier club incorpore a jugadores rompiendo las normas que todos los clubes se han autoimpuesto para después hallar amparo, siquiera de forma cautelar, en base a la protección de sus intereses económicos y de la carrera deportiva de los jugadores? ¿Garantizan el Gobierno y el CSD que en situaciones análogas se pronunciarán de forma igualmente taxativa y en el mismo sentido? ¿Existe un plan para revisar y mejorar los procedimientos y competencias de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga?

4.- En caso de que, en el asunto de fondo, se dé la razón a la RFEF y a La Liga, ¿cómo pretenden el Gobierno y el CSD reparar a los clubes que sí han cumplido las normas, que habrán resultado perjudicados de gravedad, económica y deportivamente, por esta decisión cautelar? ¿Se valoró, en todo caso, ese posible perjuicio para otros clubes y jugadores en la competición?

5.- ¿Qué motivos jurídicos de peso que no hayan considerado y subsiguientemente descartado la RFEF, la Comisión de Control Económico de La Liga y los tribunales que se han pronunciado anteriormente sobre este asunto ha ponderado el CSD para justificar el sentido de su decisión y sobreponer su criterio al de estos órganos federativos y jurisdiccionales? ¿Tiene el Gobierno alguna duda de que la RFEF actúa conforme a derecho al dar de baja la licencia de un jugador? ¿Tiene el Gobierno alguna duda de que LaLiga ejerce su potestad administrativa delegada de control económico conforme a derecho?

6.- Habida cuenta de la existencia de precedentes de resoluciones del CSD en sentido contrario a la que nos ocupa (previas a la actual Ley del Deporte, como el caso de la resolución del Presidente del CSD de 30 de octubre de 2014 sobre el futbolista Pedro León Sánchez Gil), y de casos en los que los clubes que no cumplían los requisitos del control económico de LaLiga tuvieron que asumir el consiguiente perjuicio (casos de Okazaki con el Málaga CF o Kike García con la SD Eibar) ¿En qué aspectos factuales considera el Gobierno y el CSD que este caso es sustancialmente diferente a los anteriores? ¿Existe algún precedente en el que el CSD haya concedido una medida cautelar similar a favor de otro club o jugadores en situaciones comparables?

7.- Existiendo la sensación generalizada de que en el fútbol español, ante hechos de extraordinaria gravedad, “nunca pasa nada”, ¿qué medidas van a tomar el Gobierno y/o el CSD para restaurar la credibilidad y la limpieza del fútbol en España, ya de por sí heridas de muerte tras los escándalos sin sanciones federativas ni gubernamentales por el caso Negreira (en el que un club tuvo en nómina a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y que prescribió a nivel federativo gracias a una reforma normativa express), o el caso Supercopa (en el que el capitán -entonces en activo- de uno de los equipos participantes hizo negocio con el ya ex-presidente de la RFEF), entre otros?

8.- ¿Se publicará de manera íntegra toda la documentación relacionada con esta decisión para asegurar la transparencia del proceso?".