Los valencianistas retenidos en Singapur creían que iban a un país democrático

“La gente tiende a ver a Singapur como un país desarrollado, moderno y progresista. Lo es en términos de infraestructura, pero es un país donde mucha gente también vive con miedo. De hablar y decir lo que piensa sobre la situación política, o incluso de hablar sobre temas sociales”, dijo Jolovan Wham, defensor de los derechos humanos en Singapur. 

Singapur no es una democracia plena, y se parece más a una tecnocracia o una dictadura de partido único. Bajo el liderazgo del Partido de Acción Popular, activo desde 1959, la ciudad-estado asiática ha conseguido un amplio desarrollo económico y social, pero a costa de algunas libertades civiles y con poco espacio para la oposición.

Respecto a su nivel de democracia, el Índice de Democracia 2023 de The Economist posiciona a Singapur en el puesto 69, con una calificación de democracia deficiente y al borde de entrar en un régimen híbrido.

En cuanto a su libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras posiciona al país asiático en el número 126 de un total de 180 países. Con una puntuación de 47,19% sobre 100, está en una situación difícil para los periodistas, según la ONG.

La pena a la que se exponen los valencianistas 

La pareja de valencianos retenida en Singapur está investigada por participar en una reunión pública y colabora en la misma con las autoridades, según aseguraron este miércoles The Straits Times, una de las cabeceras de referencia de la ciudad-estado asiática, y otros medios.

La información de este periódico expone que la investigación se centra en un presunto delito de participación en una reunión pública, que se explica como una reunión o manifestación sin aviso previo ni permiso para demostrar apoyo u oposición a opiniones o acciones de un tercero o dar publicidad a una campaña, y cita la 'Public Order Act 2009', el código por el que está siendo investigada la pareja, que habría podido atentar contra el apartado 2 del artículo 16.

Según la versión en línea de la página del Gobierno de Singapur respecto a la 'Public Order Act', actualizada al 9 de octubre de este mismo año, esta ley recoge que la mayor pena con la que podrían contar los españoles sería de 3.000 dólares singapurenses.

Así, esta ley recalca que se multará a "cada persona" que participe en una reunión pública o manifestación ("public assembly or public procession") en caso de que se hubiera permitido dicha reunión o en el caso de que esta manifestación se realizara en una hora, día o lugar que difiriera respecto a la convocada.

Asimismo, la multa de 3.000 dólares podría ser de hasta 5.000, según recoge la ley, en caso de que una persona culpable reincida en este tipo de manifestación, que, según la normal, necesita de un permiso específico en el momento en el que dos o más personas circulen "para demostrar apoyo u oposición a las opiniones o acciones de cualquier persona, grupo de personas o cualquier gobierno" o "para dar publicidad a una causa o campaña", caso que sería el de la pareja española.

Este mismo miércoles, la familia de los dos aficionados del Valencia retenidos en Singapur tras protestar contra la gestión en el Valencia CF del empresario local Peter Lim como máximo accionista del Valencia había pedido "discreción" para poder resolver su situación cuanto antes y con las menores consecuencias posibles.

Se trata de una pareja que tras casarse el pasado 28 de septiembre en Valencia viajó unos días después a Singapur. Desde este país, Dani C. colgó una serie de fotos y mensajes en las redes sociales en lugares emblemáticos y frente a una propiedad de Lim con una bandera con el lema 'Lim Out', con el que buena parte de la afición del club protesta contra la gestión del inversor desde hace años.

Además, también colgó un video en el que se ve cómo pega una pequeña pegatina en una puerta que, al parecer, es también de una propiedad del empresario, una acción que parece que ha sido la que ha desencadenado una investigación policial.

Cuando el pasado viernes ambos iban a abandonar Singapur con destino a Bali, fueron instados a regresar a su hotel, donde la Policía le retiró el pasaporte. Desde entonces, están en contacto con la Embajada de España en este país y a la espera de que se resuelva la investigación abierta, un tiempo en el que pueden moverse por el país pero no abandonarlo.