La problemática de la violencia en el deporte, especialmente en el fútbol, ha alcanzado niveles alarmantes que requieren una intervención decidida de las instituciones, así como una implicación activa de todos los actores involucrados: clubes, aficionados, autoridades y organismos de seguridad. La reciente sanción impuesta al Atlético de Madrid por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (en adelante, RFEF) es un claro ejemplo de la necesidad de adoptar medidas más contundentes para prevenir la repetición de incidentes violentos en los estadios y garantizar la seguridad de todos los asistentes. Este análisis no se centra únicamente en el caso específico, sino que también explora las implicaciones legales, la evolución de las normas y las estrategias necesarias para alejar a los vándalos de los eventos deportivos, tanto a nivel español como a nivel europeo.
En el caso del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, los incidentes que llevaron al cierre parcial del estadio durante tres partidos y a la multa de 45.000 euros evidencian una falta de medidas preventivas adecuadas por parte del club. A pesar de que la RFEF reconoce que la acción violenta fue llevada a cabo por una minoría de aficionados, es evidente que el Atlético de Madrid no implementó las estrategias necesarias para evitar que tales actos ocurrieran en un contexto de alta rivalidad, incumpliendo los deberes propios de su posición de garante a la luz de la normativa administrativa contenida en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y en la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.
Diego Fierro Rodríguez
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