Cerca de 90 testigos ponen contra las cuerdas a Soteras y su equipo en la vía penal

Según Mundo deportivo, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, Isabel Calahorra García, que investiga el fraude electoral en las votaciones a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) del pasado 13 de febrero de 2023, afirma en su Auto del 11 de julio, tras la declaración de 88 presidentes y secretarios de clubes catalanes, que  “Los hechos que resultan indiciariamente acreditados (…) se derivan (además de las 16 declaraciones iniciales y demás documental), de las declaraciones policiales de 72 nuevos perjudicados (…), cuya firma se habría presuntamente falsificado”, lo que a su juicio “podría ser indiciariamente constitutivo (…) de un delito continuado de falsedad en documento privado del art. 395 del Código Penal (en adelante CP), un delito continuado de falsedad en documento público del art. 392 del CP y un delito de administración desleal del art. 252 del CP”.

A continuación, la Jueza Isabel Calahorra expone respecto a algunas personas de la cúpula directiva y ejecutiva de la Federación Catalana de Fútbol que “los indicios existentes sobre la participación de cada uno de los investigados en los hechos (…) son los siguientes:

J.S. y V.G.: “comparecieron en la notaría (…) y elevaron a público 213 certificados de acuerdos sociales (…) que contenían firmas falsas, como consta en las declaraciones de nuevos perjudicados, que niegan haber realizado esas firmas, y niegan haber prestado el consentimiento”.

J.M.C.: “habría dado órdenes y coordinó al resto de investigados sobre cómo actuar para tener el control de las votaciones, al margen de la Junta Electoral, y sobre cómo elaborar las actas y acuerdos presuntamente falsificados”.

A.M.: “habría pagado 30.000 euros a la notaría por dicha gestión, lo cual habría sido repercutido indirectamente con fondos de la FCF, perjudicando así el patrimonio de esta entidad privada de utilidad pública sin ánimo de lucro, la cual recibe subvenciones públicas”.

Según hace constar en el Auto la Jueza Isabel Calahorra, el resto de investigados (A.G., S.G., A.P., J.M.L y J.M.L, todos ellos trabajadores de la FCF) habrían participado indiciariamente en la falsificación de las firmas y en otras tareas de preparación de la documentación.

A este procedimiento penal contra las personas citadas se suma el contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso Administrativo) en el que el candidato Juanjo Isern solicitó la exclusión de toda la candidatura vencedora de Joan Soteras, demanda a la que contestó la Administración demandada (Generalitat de Catalunya) con un escrito de allanamiento a favor de la pretensión de Isern en el pasado mes de enero de 2024, afirmando además que se había cometido una infracción muy grave por parte de los miembros de la candidatura vencedora. Este procedimiento está pendiente de sentencia judicial.