El Gobierno de Javier Milei ha decidido apelar la decisión mediante la cual se acordó la suspensión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
La medida cautelar fue adoptada por un juez federal del partido bonaerense de Mercedes el cual, según el Gobierno nacional argentino, es «incompetente para intervenir en la causa».
Desde el Gobierno han manifestado que la medida cautelar es un «mamarracho jurídico», puesto que no hay periculum in mora al entrar en vigor el DNU y su reglamentación posterior que habilita la puesta en marcha de la SAD dentro de un año.
La adopción de la medida cautelar solicitada por AFA
El pasado lunes 2 de septiembre, la justicia argentina concedió la medida cautelar solicitada por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y suspendió parte del articulado del decreto que permitía la conformación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El juez federal acordó dejar sin efecto los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado en diciembre de 2023 y reglamentado en agosto pasado en lo referente a las SAD, por los cuales cualquier institución deportiva podía afiliarse o asociarse, fuera cual fuera su forma jurídica, y disponía de un año para modificar sus estatutos y adecuarse a la nueva reglamentación.
Al momento de adoptar la cautelar, AFA remarcó la necesidad de su adopción debido a la «palmaria intromisión del Estado Nacional en entidades privadas y la violación de un sinnúmero de artículos de la Constitución Nacional sin precedentes».
El juez federal consideró que «existen indicios serios que el ingreso de las sociedades anónimas deportivas para competir con las asociaciones sin fines de lucro, persiguen la satisfacción de intereses comerciales privados propios del libre mercado», considerando pertinente la suspensión.
Desde el Gobierno siempre han defendido que el decreto y su reglamentación «permitirá a los socios elegir libremente cómo organizar su club, sin imposiciones», remarcando que el ingreso de capital privado ayudará a mejorar la situación del fútbol argentino.
Los motivos en los que se basa la apelación
La apelación se ha fundamentado principalmente en el hecho de que no correspondía al juez federal de Mercedes la intervención tras el recurso presentado por la AFA, sino sería la justicia de la Capital Federal la competente para conocer del mismo.
Desde el Ministerio de Justicia han calificado la medida adoptada como un «mamarracho jurídico» al no concurrir los requisitos pertinentes para su adopción, teniendo en cuenta que «el DNU y las reglamentaciones posteriores que habilitaron la puesta en marcha de las Sociedades Anónimas Deportivas entrarán en vigor dentro de un año».
Los recurrentes remarcaron nuevamente los beneficios que conllevaría la implementación del modelo de las SAD, permitiendo decidir a los socios si optan por la implementación del mismo o, por el contrario, continúan con su estructura.
Distintas fuentes del Gobierno de Milei han cuestionado la imparcialidad del juez que ha adoptado la medida cautelar, ponderando incluso la posibilidad de pedir su juicio político en el Consejo de la Magistratura.
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